Luego de casi dos años y medio de haber sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal da u chance para que los ex ministros del Gobierno Uribe señalados de comprar los votos en el Congreso para la reelección presidencial puedan acogerse a la Jurisdicción Especial

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Revisar en un plazo de 48 horas el fallo mediante el cual le negó al exministro Diego Palacio la posibilidad de acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le ordenó la Corte Suprema al Tribunal Superior de Bogotá.

Palacio, que está buscando que la JEP reabra su caso y mientras tanto le otorgue la libertad, fue condenado en 2015 a 80 meses de prisión por el delito de cohecho al haberle ofrecido dádivas a los representantes conservadores Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que votaran a favor de la reelección presidencial del hoy senador Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, lo que en su momento se conoció como la yidispolítica.

El exministro Palacio argumenta que ese delito se habría cometido con el objetivo de prolongar la vigencia de la seguridad democrática y por lo tanto se cometió en relación con el conflicto armado, quedando dentro de la competencia de la JEP.

Así lo argumentó en marzo cuando hizo la respectiva solicitud, pero el juzgado 29 de ejecución de penas consideró equivocado el razonamiento, por lo que Palacio interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que negó sus pretensiones en agosto.

Ahora, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, le dio la razón y le ordenó al Tribunal revisar su decisión.

Para la Corte, “no resiste ninguna crítica el hecho de que quienes defendieron la continuidad” de la seguridad democrática “estaban obrando en el marco del conflicto armado interno colombiano, porque su mayor objetivo, a riesgo de ser reiterativos y por eso era reconocido ese mandatario en el país, era acabar con el terrorismo”.

En la providencia se agrega que el cohecho cometido por Palacio para procurar que el gobierno de Uribe se perpetuara “corresponde a un punible con móviles abiertamente políticos y cometido en el marco del conflicto armado colombiano”.

El Tribunal tiene 48 horas a partir de la notificación para dejar sin efectos su decisión y revisarla para emitir un nuevo pronunciamiento que aplique ley 1820 que permite la libertad condicionada a quienes deseen acogerse a la JEP.

Específicamente, la Corte de ordenó al Tribunal que para su nueva decisión analice “de manera contextualizada, los hechos por los cuales fue declarado penalmente responsable el accionante, con miras a determinar si satisface o no los requisitos para hacerse acreedor a los beneficios allí consagrados”.

Condena

En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión que los ex ministros del gobierno de Álvaro Uribe, Sabas Pretelt y Diego Palacio, así como el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, cometieron el delito de cohecho para comprar los votos de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, que sirvieron para hacer aprobar por el Congreso la reelección presidencial.

Efectivamente la Corte condenó a Pretelt y Palacio a 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. El exsecretario Velásquez fue sentenciado a 60 meses de prisión, multa de 83 salarios mínimos y a una inhabilidad de 84 meses.

La Corte Suprema concluyó que los tres ex funcionarios del gobierno Uribe actuaron mancomunadamente para garantizar la aprobación del trámite legislativo en el Congreso. Esta sentencia le dio plena credibilidad a las confesiones de Medina, en el sentido de que fue el presidente de la República de la época, Álvaro Uribe, quien le hizo directamente los ofrecimientos burocráticos, precisándole que daría las órdenes correspondientes para cumplir lo prometido.

Sin embargo, dos años y medio después, el mismo alto tribunal cambió su concepto y en un fallo que emitió a favor del exministro Diego Palacio, señala que la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe sí tiene relación con el conflicto armado, en especial con el conflicto con las Farc.

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