“El próximo 31 de octubre, de manera oficial, el Gobierno de Colombia dará respuesta oficial a las informaciones que distorsionan la realidad y nacen de voces interesadas en aminorar el prestigio ganado por Colombia en los últimos tres años, por su ardua labor en el campo de la promoción y respeto de los derechos humanos”.

La declaración del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, tiene que ver con “las recientes denuncias sobre la presunta pérdida de vidas de manifestantes indígenas, durante las movilizaciones que afectaron el país en días recientes”.

El tema será tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hoy abre su 149 periodo de audiencias, dominado por las denuncias de espionaje de Estados Unidos, los detenidos en la cárcel de Guantánamo y el uso de los drones.

“Nuestra delegación va con todos los argumentos para demostrar que en ningún momento se ha obrado, frente a la protesta social o los derechos de la oposición, por fuera del marco legal”, anotó Iragorri.

“El Gobierno nacional recalca, una vez más, su permanente cumplimiento del espíritu democrático de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico interno, así como su absoluta vigilancia al apego de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los lineamientos nacionales e internacionales sobre el derecho a la protesta social y los derechos de la oposición”, dijo.

En Washington, anticipó Iragorri, estarán los representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, así como de “la Policía Nacional, para demostrar con argumentos y pruebas que en Colombia vivimos una nueva era humanitaria, en el marco de la búsqueda insistente de la resolución pacífica del conflicto armado interno, la superación de la pobreza, la modernización de nuestra economía, la transformación del campo, y la generación de nuevas oportunidades para todos. La paz es nuestro destino y para lograrlo trabajamos incesantemente”.

Iragorri precisó que “el presidente Santos respeta el legítimo derecho a la protesta social, pacífica y democrática, y rechaza la irrespetuosa infiltración que los grupos al margen de la ley han pretendido, para usurpar la vocería de los manifestantes. El presidente Santos se ha caracterizado por generar y fomentar un diálogo directo, franco, sincero y productivo con las comunidades y las organizaciones sociales. Sabemos que la pacífica protesta social es abono para la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa de los derechos humanos”.

El jueves, en las audiciencias sobre Colombia (ver recuadro), “ahondaremos en estos asuntos y responderemos a la comunidad internacional y a las organizaciones nacionales, presentes en la audiencia ante la CIDH, por cada uno de nuestros actos. Estamos convencidos de que Colombia es hoy una democracia más sólida, humanitaria, pacífica e incluyente que hace algunos años”, declaró Iragirri.

Periodo de sesiones

Con 52 audiencias, de las 217 solicitadas, la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), revisará en una maratoniana semana, del 28 de octubre al 1 de noviembre, los casos que reflejan la situación de los derechos humanos en la región.

Casos habituales como agresiones a la libertad de expresión, derechos de las mujeres, la situación de las comunidades indígenas, la reforma migratoria en Estados Unidos y el eventual cierre de la cárcel de Guantánamo, y otros más novedosos como el espionaje denunciado por el exanalista Edward Snowden, los drones o la minería, resaltan en la agenda de sesiones.

Las denuncias de interceptación de las comunicaciones por parte de Estados Unidos a sus ciudadanos, así como a empresas y gobiernos extranjeros, "han sido de enorme preocupación" para la Comisión, señaló su secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez.

Las audiencias podrían permitir que se genere una discusión para establecer nuevas convenciones sobre libertad de expresión, privacidad o los mecanismos de control de los Estados, según Álvarez.

Pero el primer asunto que tratará la CIDH será la situación de los derechos humanos de los detenidos en la controvertida prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en territorio cubano.

A diferencia de las demás audiencias, solicitadas por organizaciones civiles o Estados, la CIDH convocó directamente la sesión sobre Guantánamo, tras la reciente huelga de hambre de los reclusos y las denuncias de alimentaciones forzadas.

La Comisión, que aplaude la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de cerrar la prisión, ha intentado aumentar la presión solicitando además una visita sin restricciones al centro de retención.

De las 164 personas detenidas en la cárcel en el marco de la "guerra contra el terrorismo" de Estados Unidos, una cuarta parte está en detención ilimitada, sin inculpación ni juicio, y son considerados demasiado peligrosos para ser liberados.

Durante la semana de sesiones, decenas de organizaciones civiles, académicas y sociales de la región acudirán a Washington para presentar los casos ante los comisionados. Frente a ellos, los representantes de los Estados darán sus argumentos.

En una audiencia el viernes se analizarán las implicaciones en derechos humanos del uso de los aviones no tripulados (drones), no solo por Estados Unidos, sino por varios países de América.

También se revisará la responsabilidad de los países de origen de las empresas mineras que operan en las Américas con la situación de los trabajadores afectados por las actividades de extracción./AFP