A partir de 1991 las instituciones y la vida de los colombianos se rigen por la Carta Política que expidió la Asamblea Nacional Constituyente. Ha tenido cambios, como es comprensible en las democracias, pero sus principios éticos y su estructura permanecen para garantizar el reconocimiento y respeto a la condición plural de las regiones y el tejido social de la nación.

La Constitución del 91 impulsó la modernización y la democratización de Colombia. Su importancia se explica porque reunió sectores de la sociedad que nunca en la historia habían compartido en la misma mesa y en condiciones de igualdad, la discusión y las decisiones acerca del tipo de nación en el que todos podemos convivir, sin sentirnos subestimados ni en condiciones de inferioridad por el origen étnico, social, cultural, económico, por el género o las preferencias sexuales, por la religión, o por las ideas políticas. En la Constituyente forjamos por la razón, mediante la palabra y la libre expresión de las ideas, el modelo de instituciones y de sociedad en el que los colombianos  podemos gozar la paz.

Faltaron las FARC y el ELN en aquella construcción política, para que la Constitución del 91 se concibiera bajo el consenso que garantizara la paz definitiva. La Constituyente lamentó esa circunstancia, e hizo lo posible para cubrir el vacío. La confrontación armada del Estado con estas dos fuerzas continúa hasta nuestros días, para dolor de la nación.

El esfuerzo que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos para subsanar esta situación en las negociaciones de La Habana, merece la comprensión, el apoyo y el estímulo de los Constituyentes del 91 que suscribimos esta declaración. Llegó la hora de que las FARC y el ELN ingresen a la democracia mediante los caminos del diálogo y el consenso, y contribuyan a su maduración y realización. Ya fue anunciada  la mesa de negociación con el ELN.

Votaremos por la reelección de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia el próximo 15 de junio y apelamos al resto de compatriotas, mujeres y hombres,  para que cumplan con su responsabilidad de decidir si el futuro de la nación será en democracia, o si permitirán que se prolongue el enfrentamiento armado con sus miserias y sufrimientos para las actuales y futuras generaciones.