Un proceso de responsabilidad fiscal abrió la Contraloría de Bogotá por tal motivo en contra de la Secretaría de Gobierno, el IPES y la Fundación Proactiva.

Irregularidades en la entrega de subsidios a familias desplazadas que ocuparon por 4 meses el parque Tercer Milenio en 2009, es la causa de la apertura del proceso.

Solo el 22% de las familias beneficiarias recibieron el subsidio de un millón 500 mil pesos que había sido aprobado por la administración del Distrito, afirmó el contralor Diego Ardila.

"Se giraron recursos para atender a 900 personas y apenas 200 recibieron el subsidio. Hay problemas de sustento pues Proactiva no ha presentado los documentos que respaldan cerca de mil 500 millones de pesos", aseguró el funcionario.

Que en varios casos la fundación Proactiva entregó a desplazados cheques que no tenían fondos, y en otros giró recursos que superaban los autorizados en el convenio, mencionó el ente de control.

"Hubo personas a las que se les giraron 6 millones de pesos, otras a las que se les dieron cheques sin fondo. Ahora estas familias no pueden acceder a otro subsidio, porque figuran como beneficiarios de otros recursos", adicionó.