“Si se quiere romper el vínculo entre la justicia y la política no se puede llegar hasta la mitad del camino, se tiene que llegar hasta el final del camino y romper realmente ese cordón umbilical. Por tanto, el presidente no debe ternar a los magistrados de la Corte Constitucional”, aseguró este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en desarrollo del Congreso Nacional de Municipios que se realiza en la ciudad de Cartagena.   

El jefe del Ministerio Público analizó la crisis que atraviesa en la actualidad la Rama Judicial colombiana, resaltando la necesidad de reconocer que en el país    “no es cierto que exista auténtica separación de poderes” y citando casos concretos que ponen en entredicho la independencia de quienes ocupan las altas magistraturas judiciales. 

“La intervención del Gobierno en la integración de las ternas para la Corte Constitucional también afecta la independencia de la Corte Constitucional en el control debido a las decisiones que puedan favorecer o no al Gobierno Nacional. ¿Acaso no oyó el país la semana anterior dramáticas denuncias sobre el ‘lobby’ que se hizo para la aprobación del Marco Jurídico para la Paz por parte del Gobierno y de la Fiscalía General de la Nación?”, se preguntó.

“Es frecuente oír también de ‘lobby’ sobre determinadas leyes que le interesarían al Gobierno Nacional, por ejemplo: las decisiones que tenían que ver con las pensiones de jubilación”, agregó.

“Es necesario defender la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. Es necesario defenderla e impedir que se convierta en una cortesana. Es necesario defender la Corte Constitucional para impedir que sea cooptada por otros órganos del poder. No se puede interferir, ni comprar, ni presionar a la Corte Constitucional. Ni interferirla por los otros órganos del poder ni comprarla por nadie, ni por el Ejecutivo, ni por la Fiscalía, ni por ningún funcionario, ahí están comprometidas nuestras libertades públicas”.

El procurador también dio su concepto sobre la intervención del Gobierno Nacional en la selección de la terna para la elección del fiscal general de la Nación y los riesgos que ello conlleva para la institucionalidad.