Estas acciones se desarrollan en el marco del pacto contra la corrupción presentada al interior de los centros de reclusión y de los establecimientos penitenciarios.

El poder preferente se ejercerá en procesos que se adelanten por conductas que atentan contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la contratación estatal, normas presupuestales, fiscales, contables, el patrimonio público y la moralidad pública.

La Procuraduría General de la Nación ejercerá poder preferente disciplinario de aquellas investigaciones que se vienen adelantando en la Dirección General del INPEC por conductas violatorias de los Derechos Humanos de los internos recluidos en las cárceles del país, por corrupción administrativa y por irregularidades en la contratación estatal.

Así lo anunció el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, mediante una circular dirigida a los procuradores delegados, procuradores regionales, procuradores distritales y provinciales; procuradores judiciales I y II y demás funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

El poder preferente se ejercerá sobre los expedientes que en la actualidad cursan en la dirección del INPEC relacionados con irregularidades en la expedición de certificados de descuentos y falsedades para redención de pena, abuso sexual, lesiones personales, cobros indebidos de dineros por parte de la guardia penitenciaria, entre otros.

Se ordenó a los despachos de la Procuraduría donde cursan investigaciones por las conductas ya señaladas el impulso inmediato de éstas, para lo cual dispuso la adecuación de los procesos disciplinarios en curso en todas las dependencias, al procedimiento verbal, de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario  (CDU) y el Nuevo Estatuto Anticorrupción, que modifica el citado Código.

Adicionalmente, las dependencias de la Procuraduría que actualmente tramitan expedientes disciplinarios contra servidores públicos del INPEC, o particulares que ejerzan función pública respecto de ese Instituto deberán reportarlas a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, para que ésta realice los seguimientos preventivos a que haya lugar. 

Así mismo, ordenó a las autoridades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación  encargadas de supervisar la conducta de servidores públicos del INPEC, realizar visitas administrativas especiales mensuales a la Oficina de Control Interno Disciplinario de ese Instituto para hacer seguimiento a los procesos en curso con el fin de determinar si se hace necesario ejercer el poder preferente disciplinario o el ejercicio de la supervigilancia que está consagrada en el CDU  y la resolución 346 de 2002.