“La Procuraduría ya tiene conocimiento, ha asumido la investigación y dará a conocer los resultados en el momento oportuno. El Despacho del procurador la ha asumido”, reveló este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sobre los hechos denunciados en redes sociales y medios de comunicación, ya confirmados por la Policía Nacional, que dan cuenta de instrucciones para que patrulleros participaran vestidos de civil en la denominada ‘Marcha por la paz’ del pasado 9 de abril.
En sus declaraciones desde la ciudad de Neiva (Huila), donde este martes participó en un foro sobre el proceso de paz, el jefe del Ministerio Público también se pronunció sobre recientes columnas de opinión que aseguran que en el proyecto de Ley que busca reformar y optimizar el Código Disciplinario Único se incluyen “regalos” traducidos en “rebajas de penas” para responsables de actos de corrupción.
“Quienes dicen eso son ignorantes, desconocen que hay un principio que se llama el principio de favorabilidad. Existe en el Artículo 14 del Código Disciplinario. Las normas posteriores y favorables se aplican en materia de derecho sancionatorio, inclusive cuando están en ejecución las sanciones. Haya o no haya ese artículo se aplica ese principio, que está en la Constitución, en el Artículo 29”, precisó.
“Hay que distinguir: en tratándose de actos de corrupción se mantiene la sanción y se mantiene la norma entre 10 y 20 años, en tratándose de culpa gravísima ahí sí se reduce. No es lo mismo una conducta dolosa de un alcalde corrupto, que un funcionario que por imprevisión cometió determinada conducta violatoria de la Ley”.
“Quienes afirman eso ignoran el derecho, desconocen las normas que están consignadas en el proyecto y generan un manto de duda que no tiene fundamento. Respecto al principio de favorabilidad se reduciría la sanción, no de los corruptos sino de los que de hubieran cometido falta de planeación o de previsión en el ejercicio de sus funciones”, concluyó.
Preguntado por periodistas sobre nuevos informes de inteligencia que señalan que el grupo terrorista FARC continúa reclutando menores de edad en el país, el procurador general reiteró que estos actos criminales son los que impiden que la sociedad colombiana tenga confianza en el proceso de paz que el Gobierno Nacional adelanta con esa organización criminal.
“El ciudadano común y corriente sabe que las FARC han seguido reclutando, han seguido extorsionando, desplazando, desapareciendo forzadamente a muchos colombianos. Es indudable que esas circunstancias generan incredulidad y desconfianza”.
Finalmente, se pronunció sobre la decisión legislativa que otorga fuero al procurador general de la Nación, al contralor general de la República y al defensor del Pueblo.
“El procurador ha estado aforado desde 1830, en nuestra historia constitucional solo se ha presentado un pequeño paréntesis, que fue el de la Constitución del 91, pero eso no es nada exótico y no se debe pensar que eso tienen nombre propio. El procurador por las funciones que tiene, de ser garante de garantías y representante de la sociedad, requiere independencia. No se debe hacer por el procurador actual sino que se debe diseñar una institucionalidad donde quienes tienen esas competencias, las puedan ejercer con la tranquilidad necesaria de no verse amenazados por autoridades que eventualmente puedan instrumentalizar esos poderes (…) El hecho de que existan jueces colegiados da tranquilidad, no de impunidad sino de transparencia y de objetividad, y es en esa perspectiva que se debe ver”, concluyó.
Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez se dieron en desarrollo de su visita institucional a Neiva (Huila), en donde intervino en el foro ‘Proceso de paz y crisis de la justicia’ organizado por la Cámara de la capital huilense.