Una fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz anunció la apertura de una investigación preliminar para establecer si funcionarios de varias notarías de Córdoba y Antioquia intervinieron en el despojo masivo de tierras a agricultores para favorecer a las autodefensas encabezadas por el hoy extinto Carlos Castaño Gil.

La delegada fiscal sostuvo que se investiga la responsabilidad de empleados del Incoder ( Instituto de Desarrollo Rural) y del Fondo de Ganaderos de Córdoba por irregularidades en la compra y venta de tierras a precios máximos de 50 mil pesos por hectárea en lugar de 300 mil pesos que era la suma calculada.

Tal situación fue expuesta durante la audiencia de control de legalidad y aceptación de cargos en el Tribunal Superior de Bogotá, en desarrollo del proceso que adelanta en contra de Salvatore Mancuso Gómez, Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, Isaías Montes Hernández, alias Junior, y Juan de las Aguas, alias Chaca.

La  fiscal también indicó que fueron compulsadas copias a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a los servidores públicos que presumiblemente participaron en el despojo a los agricultores de aproximadamente 6.500 hectáreas en los municipios de Turbo y Necoclí ( Antioquia).

De acuerdo con lo establecido, en la compra de tierras se habrían registrado vicios de legalidad en las huellas digitales y en las firmas de los campesinos propietarios de esos terrenos. Se calcula que con esta modalidad fueron elevadas no menos de 100 escrituras públicas en perjuicio de 300 personas, unas 60 familias.