Una vez se hicieron públicos en enero pasado los cuestionamientos relacionados con el proceso de contratación de la “Nueva Sede Universitaria Ciudadela El Porvenir-Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Etapa I”, por setenta mil millones de pesos, la Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios, de manera oficiosa, el 7 de febrero dispuso la apertura de indagación preliminar ordenando la práctica de pruebas tendientes a esclarecer esos acontecimientos.

En desarrollo de dicha indagación preliminar se requirió tanto a la propia Universidad Distrital, como a la Secretaría de Educación Distrital, la información relacionada con ese proceso de convocatoria pública no. 019 de 2013, recopilando prueba documental útil para el análisis en sede de la acción disciplinaria.

Con ocasión de dicha indagación, Roberto Vergara Portela, en su condición de rector (e) de la Universidad, informó al Personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto, que por virtud de los cuestionamientos planteados se dispuso “…suspender de manera indefinida y hasta tanto no se aclaren las presuntas irregularidades denunciadas, el pago del anticipo pactado en el contrato de la referencia…”.

Sin embargo, en ejercicio del poder preferente de que está investida la Procuraduría General de la Nación, tomó para sí el conocimiento del asunto, razón por la cual debió ser remitido a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el pasado 14 de marzo.

Respecto a otros asuntos disciplinarios que vinculan a funcionarios de la Universidad Distrital, debe señalarse que la actual administración, que inició el 1º de marzo de 2012, ha dispuesto el inicio de 165 acciones disciplinarias, frente a apenas 36 asuntos que recibió de la gestión disciplinaria de la anterior administración.

En 2012 se iniciaron 71 acciones disciplinarias, 80 en 2013 y en lo que va corrido del año se contabilizan 14 aperturas de indagación preliminar para un total de 165 acciones seguidas contra funcionarios de la Universidad Distrital, los cuales se discriminan, entre otras, en 46 indagaciones preliminares en evaluación y 59 investigaciones disciplinarias vigentes que vinculan a funcionarios tanto del nivel directivo como ejecutivo de la Universidad.

Ante los argumentos de la Universidad en torno a que no tienen control los organismos, la gestión disciplinaria de la Personería de Bogotá, desarrolla, con base en los mandatos constitucionales y legales, como de cualquier otra entidad o servidor público cuyas conductas ameriten la investigación y eventual sanción, sin que exista espacio para presiones o condicionamientos externos. Por ello, la Personería de Bogotá no acepta que se ponga en duda su pleno apego a la Constitución y a la ley en el cumplimiento de sus funciones.

En este sentido, el Ministerio Público Nacional, en ejercicio del poder preferente, requirió el envío de la investigación adelantada sobre la nueva sede Universitaria en Bosa.