Por presuntas irregularidades en la atención de pacientes con hemofilia, la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, y otros cinco exfuncionarios de ese departamento.
Los hechos materia de investigación tendrían relación con el pago indebido de servicios médicos y la compra de medicamentos sin los soportes correspondientes para pacientes con hemofilia, los cuales habrían sido autorizados por la Gobernación en 2013 por un monto cercano a los 30.000 millones de pesos.
Para el Ministerio Público esos pagos no debían realizarse porque la atención de estos pacientes está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y los medicamentos son suministrados por las EPS.
Los giros de dinero se habrían realizado a las IPS Asitegral y Fundación Ciénaga de la Virgen, así como a la ESE Divina Misericordia.
Por esos hechos la Procuraduría General también abrió investigación disciplinaria contra los funcionarios de la Gobernación de Bolívar para la época en que se habrían presentado las irregularidades: Ana María del Carmen Álvarez, secretaria de Educación; Berta Pérez, secretaria de Educación encargada; Nacha Newball, directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; Luis Eduardo Ortiz, profesional especializados de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; y Emil Rangel, director técnico de la Oficina Legal.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó la práctica de diferentes pruebas.
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Por presuntas irregularidades en la atención de pacientes con hemofilia, la Procuraduría les abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, y otros cinco exfuncionarios de ese departamento.
Los hechos materia de investigación tendrían relación con el pago indebido de servicios médicos y la compra de medicamentos sin los soportes correspondientes para pacientes con hemofilia, los cuales habrían sido autorizados por la Gobernación en 2013 por un monto cercano a los 30.000 millones de pesos.
Para el Ministerio Público esos pagos no debían realizarse porque la atención de estos pacientes está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y los medicamentos son suministrados por las EPS.
Los giros de dinero se habrían realizado a las IPS Asitegral y Fundación Ciénaga de la Virgen, así como a la ESE Divina Misericordia.
Por esos hechos la Procuraduría General también abrió investigación disciplinaria contra los funcionarios de la Gobernación de Bolívar para la época en que se habrían presentado las irregularidades: Ana María del Carmen Álvarez, secretaria de Educación; Berta Pérez, secretaria de Educación encargada; Nacha Newball, directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; Luis Eduardo Ortiz, profesional especializados de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; y Emil Rangel, director técnico de la Oficina Legal.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó la práctica de diferentes pruebas.
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