La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional del Meta, abrió investigación disciplinaria en contra de Carlos Alberto Pinzón Lozada, en su calidad de docente del Centro Educativo Peñas Blancas sede Puerto Gaitán, para verificar la ocurrencia de un presunto acoso sexual a una estudiante menor de edad y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

La Secretaría de Educación del Meta remitió a este organismo de control los informes presentados por el Director del Centro Educativo Peñas Blancas y  por el Director de Núcleo, en los cuales se reporta la denuncia de la madre de la menor víctima del presunto acoso sexual.

La situación fue ratificada por la menor de edad, quien en declaración rendida dentro de este proceso, manifestó que el docente Pinzón Lozada la sentaba al pie del pupitre, le tocaba las piernas y le alzaba la falda. Un día el profesor la llamó, ella no quiso ir y el docente le advirtió que no le informara a nadie.

En diligencia de versión libre el investigado argumentó en su defensa que debido a una serie de dificultades personales, familiares y económicas ha tenido problemas psicológicos y psiquiátricos y que lo sucedido con la estudiante fue algo involuntario, que solo pasó una vez y que no fue algo constante.  

En concepto del Ministerio Público el testimonio de la menor de edad merece toda la credibilidad, pues fuera de ser claro y preciso, existen una serie de indicios que permiten concluir que presuntamente el implicado cometió los actos sexuales abusivos materia de investigación, entre ellos la declaración rendida por el director del centro educativo donde sucedieron los hechos, quien manifestó que luego de recibida la queja por parte de la madre de la menor, citó a una reunión donde el docente Carlos Alberto Pinzón Lozada reconoció que sentaba a la alumna en las piernas.

En el auto de apertura de investigación disciplinaria, señala este organismo de control que por tratarse de presuntos actos de connotación sexual dirigidos en contra de una persona que se encuentra en situación de inferioridad y subordinación, dada la relación especial de obediencia y respeto existente entre alumnos y docentes, no solamente se constituyen en conductas reprochables desde el punto de vista ético y moral, sino que la legislación colombiana las tipifica como conductas delictivas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales.

La conducta que presumiblemente involucra al investigado, se califica provisionalmente como gravísima, cometida a título de dolo.