El teniente coronel (r) Robinson González del Río, implicado en una presunta red de corrupción en el Ejército, recibió orden de captura de parte de la Fiscalía porque al parecer dirigía una organización dedicada a sustraer armamento del Ejército para vendérselo a la organización delictiva conocida como Los Urabeños.

La acción ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con colaboración del Ejército, generó además la detención de doce personas más en diez diferentes ciudades de Colombia.

El Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que el resultado de esta operación se dio por “un trabajo conjunto elaborado entre la Fiscalía y el Ejército Nacional”.

Tras dos años de investigación de la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, se alcanzó la desarticulación de esta red de apoyo a las bandas criminales conformada por miembros y exmiembros del Ejército y expolicías, que se dedicaba a la consecución de todo tipo de material de guerra e intendencia con destino a la banda Los Urabeños.

Al parecer, la red delictiva estaba encabezada por el teniente coronel (r) del Ejército Róbinson Javier González del Río, junto a un suboficial igualmente retirado. Así, habrían actuado concertadamente para permitir la adquisición de todo tipo de armas, municiones y explosivos con destino a las bandas criminales.

El modus operandi, aseguró Perdomo, consistía en extraer subrepticiamente material de guerra y repuestos de los depósitos de armas ubicados en distintas partes del país a través de los suboficiales responsables de los mismos para, posteriormente y utilizando la investidura militar, transportarlos y así burlar los retenes policiales.

En esta red de traficantes de armas dentro de las Fuerzas Armadas también participaban particulares expertos en armamento (armeros), que trabajan clandestinamente y hacían las partes que pudieran hacerles falta para ensamblar perfectamente los elementos extraídos de las diferentes unidades militares del país.

En total, hay 4 militares activos, 4 militares retirados, 2 exmiembros de la Policía Nacional y varios particulares que se dedicaban a la consecución, acondicionamiento y venta de armas para luego ser comercializadas con diferentes organizaciones criminales.

Por su parte, el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, aseguró que en esta operación, denominada Dignidad, participaron los miembros del CTI y tropas aerotransportadas de las Fuerzas Armadas para realizar los allanamientos y las capturas en todo el país.

Los allanamientos fueron realizados en las ciudades de Barrancabermeja (Santander), Pasto (Nariño), Bogotá, Medellín (Antioquia), La Dorada (Caldas), Puerto Leguízamo (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Florencia (Caquetá),  Montería (Córdoba), Doradal (Antioquia).

El oficial también se comprometió a mantener la lucha contra la corrupción que pueda surgir dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.

González del Río había sido enviado a la cárcel La Picota, de Bogotá, en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta responsabilidad en una red de corrupción con los contratos de provisión de elementos para el Ejército.