La Fiscalía de Sao Paulo investiga por corrupción, desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito a 44 funcionarios de la alcaldía, cuatro de los cuales ya han sido detenidos, informó el organismo este martes.

Los cuatro funcionarios detenidos trabajaban en el área de recaudación de impuestos de la alcaldía, y fueron arrestados la semana pasada.

Según la Fiscalía, los funcionarios integraban "un gran esquema de corrupción que causó perjuicios calculados en al menos 200 millones de reales (unos 90 millones de dólares) a los cofres públicos sólo en los últimos tres años".

Uno de los acusados fue liberado el lunes porque llegó a un acuerdo con la fiscalía para entregar información a cambio de beneficios. Los otros tres siguen detenidos y todos son investigados por corrupción y lavado de dinero, entre otros crímenes.

Los cuatro recibían sobornos de empresas constructoras para que les rebajaran el cálculo de un impuesto que autoriza la habitación del edificio.

"Los auditores siempre emitían documentos con valores ínfimos y exigían de las empresas el depósito de altas cantidades en sus cuentas bancarias", señaló una nota de la fiscalía.

El alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, dijo que se investigará a unas 15 empresas constructoras supuestamente vinculadas a este fraude. No reveló el nombre de las empresas.

El foco de la investigación serán los grandes proyectos inaugurados recientemente en Sao Paulo, una ciudad de 11 millones de habitantes y corazón económico de Brasil.

Según el diario Folha de Sao Paulo habría otras 10 firmas involucradas.

Una empresa de inversiones en construcción, Brookfield, reconoció haber pagado unos 2 millones de dólares en sobornos a los cuatro funcionarios investigados, según reportó la prensa brasileña.

Por otra parte, la fiscalía también investiga a otros 40 funcionarios del municipio "a partir de una denuncia de que tendrían un patrimonio incompatible con su renta, fruto de supuesta corrupción", explicó un portavoz de la fiscalía a la AFP.

Algunos de ellos ostentaban un patrimonio en torno a 1,5 millones de dólares.

La justicia de Sao Paulo también analiza igualmente la supuesta formación de un cartel entre empresas extranjeras para la licitación del metro y el tren en esta metrópoli, que habría causado asimismo perjuicios a las arcas públicas.