El organismo estudia más de 100 pruebas que hicieron llegar la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, labor que espera finalizar esta semana. Los magistrados están citados el próximo lunes con el fin de votar ponencia que propone pliego de cargos
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Los nueve magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral iniciaron el pasado martes el estudio de las más de 140 nuevas pruebas que hizo llegar la Fiscalía y algunas la Corte Suprema sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del presidente Santos en 2014. La meta que se pusieron es terminar su revisión esta semana para luego votar si acogen o no la ponencia que presentó a principios de este mes la jurista Ángela Hernández solicitando abrir investigación formal.
Precisamente, la sala plena de esta corporación está citada para el próximo lunes con el fin de votar esta ponencia y decidir si abre una investigación a la campaña en 2014 del entonces presidente-candidato o en su defecto la archiva.
La magistrada, a quien le correspondió este caso, presentó el pasado 1° de agosto una ponencia a la sala plena de esta Corporación en la que pide abrir investigación a la campaña de Santos en 2014, ello con base a la información y las pruebas que entregó la Fiscalía tras compulsar copias a este organismo en el marco de la investigación que adelanta a raíz de los sobornos por más de $84 mil millones que pagó la constructora Odebrecht en Colombia para asegurarse que le entregaran la ejecución de varias obras, la principal de ellas la Ruta del Sol II, que une al centro del país con la costa Norte.
Hernández pidió investigar la campaña de Santos por el supuesto pago de un millón de dólares de Odebrecht a la firma Paddington, vinculada a Sancho BBDO, para la elaboración de una encuesta a profundidad.
Asimismo, en la ponencia la magistrada solicita investigar también al partido de La U y al partido Liberal y Cambio Radical, que respaldaron la campaña de Santos en 2014.
En criterio de la magistrada Ángela Hernández, el Consejo Nacional Electoral debe abrir investigación formal contra el candidato y los directivos de la campaña.
Hernández llegó a esa conclusión tras analizar pruebas materiales y testimonios, la mayoría trasladados por la Fiscalía, que para ella constituyen evidencia de la supuesta financiación irregular por parte de la campaña del actual presidente de la República.
Entre otras, la declaración de Roberto Prieto, gerente de la campaña, quien admitió el ingreso de recursos de la constructora brasileña. Cuando se conoció el testimonio de Prieto, Santos manifestó: "me acabo de enterar" sobre el ingreso irregular de dineros de Odebrecht a su campaña.
Esta ponencia tiene que ver en buena parte con los documentos que remitió a comienzos de este año la Fiscalía General, en el que se señala que la constructora brasileña Odebrecht financió las campañas presidenciales de 2014 del actual mandatario, Juan Manuel Santos, y de su principal adversario, Óscar Iván Zuluaga.
“Compartimos con esta corporación todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía y que permiten concluir, certeramente, que en relación con las campañas presidenciales 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructurales”, señala el escrito de la Fiscalía.
Entre las más de 140 nuevas pruebas que deben analizar los nueve magistrados que integran la sala plena de esta corporación, hay audios de más de cuatro horas de duración de Eleuberto Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia para la época de los hechos, y de otras personas de esta firma.
Hay también declaraciones del exsenador Otto Bula, el primer capturado producto de la investigación que adelanta la Fiscalía, quien aceptó que recibió 4,6 millones de dólares de Odebrecht para lograr que le asignaran los contratos de obra que tenía en su radar.
También hay declaraciones de integrantes de la firma Sancho BBDO, la cual hizo una encuesta para la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, que según la Fiscalía fue pagada por Odebrecht.
Martorelli explicó a la Procuraduría General de la Nación que la encuesta que se realizó a través de Sancho BBDO “era la forma que yo tenía de acercarme al Gobierno, de ser un donante, llegando así a un acuerdo. Arreglamos ahí el pago a través de esta empresa Paddington en Panamá”.
De igual forma, hay material que envió la Corte Suprema sobre la declaración que rindió Bula a principios de este mes, citado en el marco de la investigación preliminar que abrió por la presunta participación y favorecimiento de congresistas con dineros de Odebrecht con el fin de ayudarle a quedarse con los contratos, pero en la cual también se habría referido a la campaña de Santos en 2014.
Zuluaga
El ente investigador también entregó pruebas acerca del ingreso de dineros de Odebrecht a la otra campaña más importante en 2014, como era la de Óscar Zuluaga, supuestamente para pagar parte de los honorarios del afamado publicista brasileño Duda Mendonça.
Zuluaga negó que esa firma apoyara su campaña con financiación, no obstante el Consejo Nacional Electoral decidió hace algunos días abrir una investigación formal a la misma.
Solicitud de la defensa
Alfonso Portela, abogado del presidente Juan Manuel Santos, le solicitó al Consejo Nacional Electoral archivar la investigación por el supuesto ingreso de dineros ilegales de Odebrecht en 2014.
Portela explicó que su solicitud se fundamenta en que “hemos encontrado que el único cargo que sobrevive es la manifestación de Otto Bula, quien nunca mencionó haberle entregado dinero a la campaña o al presidente Santos”.
En dado caso que el Consejo Nacional Electoral decidiera investigar formalmente la campaña del Jefe de Estado en 2014, la otra solicitud que hizo el abogado Portela a este organismo es que el expediente pase a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara, teniendo en cuenta que el Presidente es un aforado constitucional.
“Le decimos al Consejo que en el evento de que continúe con la investigación y la decisión sea abrir pliego de cargos, debido al fuero del señor Presidente, esa investigación, en lo que a él respecta, debe ir a parar a la Comisión de Acusación de la Cámara. El CNE no es el competente para investigarlo porque él tiene un fuero especial. Al Consejo le corresponderían los demás”, consideró Portela.
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