A propósito de la polémica discusión sobre la ocupación indebida de terrenos baldíos bien sea a campesinos o al Estado, el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo desmintió que el proyecto de ley sobre inversión extranjera, no es una legalización del robo de tierras como lo han asegurado varios congresistas.
En conversación con EL NUEVO SIGLO, Restrepo insistió que el Gobierno no ha dejado de lado la diligencia para solucionar casos de apropiación de este tipo de predios, ya que desempolvó más de 1.500 procesos que en ese sentido estaban “dormidos” intencionalmente en administraciones anteriores del Incoder.
EL NUEVO SIGLO: ¿El proyecto que cursa en el Legislativo sobre inversión extranjera no legaliza el robo de tierras?
JUAN CAMILO RESTREPO: Es una opinión disparatada y fuera de todas las realidades. El Gobierno ha hecho todo, de un lado con las acciones administrativas y por el otro, con las medidas judiciales con clarificaciones legislativas.
Con este se busca que el mercado de tierras en Colombia se haga con gran claridad, transparencia, y respeto al Estado de Derecho.
Quien diga eso está desinformado o desinforma a la opinión, no es validar ningún robo, es sanear y recuperar para el Estado tierras que le habían robado en décadas anteriores.
ENS: ¿Con esto asegura que la titularidad sea transparente?
JCR: Por eso proponemos que se haga un gran registro de tierras, un inventario, que se sepa quién está invirtiendo, quién llega y a qué, si es inversión extranjera cuál es su proveniencia, si compra para dejar engordar las tierras o para trabajarlas.
ENS: ¿Pero entonces ocupar baldíos es ilegal o no?
JCR: Claro que es ilegal, la única autoridad que puede entregar un baldío es la autoridad agraria, que fue hasta hace 10 años el Incora, y de 10 años para acá el Incoder.
De resto, toda persona que invada o se apropie de un baldío, está actuando indebidamente.
ENS: ¿Cómo se blinda el Gobierno para que no se presenten casos como el de Riopaila?
JCR: Ya se viene blindando porque es bueno recordar que este no es un tema nuevo sino que el Gobierno tiene todas las antenas puestas en ello.
Por ejemplo, a través del Incoder hemos desempolvado 1.500 procesos agrarios, que estaban durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles del olvido del Incoder de antiguas administraciones.
Empezamos procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, o indebidamente adjudicados en un espacio de 800 mil hectáreas.
ENS: ¿Y qué decir del quebranto descarado a las leyes?
JCR:Desde hace varios meses, no de ahora ni con motivo de algunas declaraciones de parlamentarios en las últimas semanas, el Incoder inició acciones enfocadas a revisar aquellos casos en los que aparentemente hubo violaciones a la Ley 160 de 1994, que prohíbe que alguien adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) cuando estas provienen de adjudicaciones parcelarias de la autoridad agraria.
En este sentido se han promovido más de 12 acciones de nulidad, una de ellas relacionada con el grupo Riopaila ante la Fiscalía.
ENS: ¿En qué va el proceso de los 1.500 casos?
CJR: Todos están cursando y se han restablecido para el Estado su titularidad indebidamente apropiada. Hace dos meses presentamos en Medellín las reclamaciones de 44 mil hectáreas mal adjudicadas por antiguas administraciones del Incoder.
ENS: ¿Cuándo se podrá decir que se completó el proceso?
JCR: Es un proceso gradual, creo que en el curso del próximo año irán saliendo estas reversiones en favor del Estado, de un área entre 800 y un millón de hectáreas.
ENS: ¿Esto demuestra entonces que el Gobierno no cuenta con herramientas suficientes?
JCR: Sucede que durante 20, 30 ó 40 años hubo un gran descuido sobre el manejo de los baldíos y vino a ser en esta administración cuando se le puso cuidado al tema.
ENS: ¿Cuál es el futuro del caso Riopaila?
JCR: El Incoder estableció una acción de nulidad que deben fallar los jueces y cuando ellos definan, que son los últimos, dirán la última palabra. Pero son 15 casos más como Monicasemillas que se hicieron aparentemente contrariando la Ley 160.