El debate sobre la regulación técnica de la inversión extranjera en el país, estuvo marcado ayer por la controversia: mientras unos senadores argumentaban que se trata de legalizar el robo de tierra, otros legisladores defendieron el proyecto insistiendo en que la medida servirá para proteger al pequeño campesino.

Precisamente, el senador ponente de la iniciativa, Luis Emilio Sierra aseveró que uno de los objetivos es fomentar los proyectos asociativos para que “quienes han sido adjudicatarios de baldíos puedan vincular esas tierras a proyectos asociativos más grandes”.

Explicó que la idea es procurar que los campesinos no pierdan la tierra ni asuman riesgos financieros, sino “que puedan aportar el usufructo a proyectos asociativos grandes, buscando siempre la defensa de los pequeños”.

En diálogo exclusivo con EL NUEVO SIGLO, Sierra enfatizó en que este es un tema que ha sido discutido “sobre una supuesta invasión de inversionistas extranjeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y acabar con la seguridad alimentaria. Cosa que es absolutamente falsa”.

Por lo contrario, cree que el país necesita una inversión extranjera importante que involucre tecnología, conocimiento y administración para aumentar la productividad.

En cuanto a los atropellos de algunas multinacionales hacia la sociedad civil, indicó que “por el contrario queremos proteger a los pequeños campesinos que no pueden iniciar proyectos productivos de gran envergadura, pero que sí se puedan asociar con grandes compañías y que nunca su tierra esté expuesta a riesgos financieros”.

El proyecto, de autoría del Ministerio de Agricultura, busca que haya un control cualitativo y no cuantitativo como ya lo establece un proyecto que cursa su trámite en el Congreso.

“Es decir que se busca que esas inversiones sean registradas previamente ante el Ministerio de Agricultura y se diga quién es el inversionista, qué clase de inversión hará, cuantía y de qué manera”, agregó Sierra.

También explicó que le realizó una modificación al texto en el que inicialmente estipulaba que fuera el Ministerio de Agricultura el que entregara una autorización previa para iniciar esos proyectos. “Ahora lo que se busca es que sea un cuerpo colegiado en el que esté el Ministerio, Planeación Nacional, Superintendencia de Notariado y Registro y dos delegados del Presidente de la República”.

Adicional a ello, se busca que haya un archivo en el que se queden consignadas las inversiones extranjeras después de que se haga la autorización previa.

El proyecto “está pensando en la altillanura que es una nueva frontera que se abre al campo agrícola del país, y en el que se requiere las grandes inversiones para volverlo productivo. Tiene que hacerse con tecnología, conocimiento y administración”.

En contraposición se mostró el senador Jorge Enrique Robledo para quien esta discusión acelerar la votación del proyecto “es un error gravísimo”.

Se refirió a una supuesta monopolización del debate puesto que “tenemos Ministro Conservador, presidenta de la Comisión del Partido Conservador y el único ponente de la misma colectividad”.

En su opinión, este proyecto “influye en la posible legalización del robo de millones de hectáreas e incluye cambiar las normas fundamentales que privilegian la defensa de la propiedad campesina, en el caso de los baldíos y un proyecto de reforma agraria en beneficio de los extranjeros”.

Comentó que independientemente de la posición del Gobierno “hay temas que se deben discutir sin afanes, permitiendo que el trámite se dé”.

Hizo referencia a las cinco solicitudes de audiencias públicas que solicitaron organizaciones agrarias ante la presidencia de la Comisión pero que no se han dado.

“Este proyecto es más grave que la reforma a la salud. Es un proyecto calculado para legalizar el robo de millones de hectáreas y despojar al campesino en beneficio de los extranjeros, y se quiere votar a pupitrazo, se va a ferrocarrilar”, comentó.