A la espera de ponencia para el segundo debate en la plenaria del Senado está el proyecto que regula la inversión extranjera en el campo, otra de la propuestas que luce clave junto a otras iniciativas que están pendientes de ser presentadas por el Gobierno como la ley de desarrollo rural y el de adjudicación de baldíos, más ahora que ha estallado la crisis del sector agropecuario.

Esta iniciativa, proyecto N° 164 de 2012, fue aprobada en primer debate el 7 de junio pasado en la Comisión Primera del Senado, sin embargo, la ponencia para segundo debate ha tardado más de lo esperado, a lo que hay que sumarle el receso legislativo de mitad de año entre el 20 de junio y el 20 de julio, cuando el actual Congreso regresó a sesiones para abordar su última legislatura.

Por regla general, los ponentes tienen 15 días después de que son designados por la mesa directiva para presentar la ponencia de cualquier proyecto. Sin embargo este plazo puede ser prorrogado de acuerdo a la complejidad de la iniciativa o por solicitud de las personas encargadas.

La iniciativa fue radicada en noviembre del año pasado por el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, justo cuando por esos días hacía tránsito en Senado un proyecto de acto legislativo (04/12), que establecía restricciones para el acceso de propiedad en el campo por parte de extranjeros.

Esta última iniciativa fue aprobada el 16 de octubre de 2012 por la Comisión Primera del Senado, a pesar de que el entonces ministro Restrepo manifestó el desacuerdo del Gobierno con la misma, más teniendo en cuenta el impacto que podría tener en la inversión extranjera en el campo un fallo de la Corte Constitucional sobre la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Restrepo indicó en esa oportunidad que a raíz de esa sentencia se congelaron o pospusieron inversiones por aproximadamente U$800 millones por parte de nacionales y extranjeros. “Eran inversiones sanas que ante toda esta incertidumbre jurídica se quedaron a la espera. El Gobierno ve con mucha preocupación todo esto que está sucediendo”, dijo.

La postura del Gobierno nacional frente a este tema se resume en que no resulta conveniente prohibir o espantar la inversión extranjera en tierras o agroindustria en Colombia; lo importante no es ahuyentar la inversión extranjera en el agro: lo fundamental es controlarla bien, y cerciorarse que ella promueva avances tecnológicos, empleo, vocación exportadora y capital para mejorar la infraestructura rural colombiana, e igualmente que promueva más empleo rural.

Igualmente el Gobierno sostiene que en vez de prohibirla, lo que es fundamental es verificar que la inversión extranjera no llegue a comprar tierras para dejarlas “engordar”, sino para ponerlas a producir o para mejorar la productividad de las que ya están en explotación.

La seguridad alimentaria del país, según el Ejecutivo, no va a preservarse ni a mejorarse sacando a “escobazos jurídicos” a la inversión extranjera del agro. Si está permitida la inversión extranjera en bancos, en servicios, en telecomunicaciones, en infraestructura, en industria manufacturera, porqué no puede haberla (bien controlada desde luego) en actividades rurales, indica.

La iniciativa

El proyecto radicado por el Gobierno nacional y que está a la espera de segundo debate en la plenaria del Senado no establece límites a la inversión extranjera en el campo, más allá que no ponga en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria del país.

En ese sentido la iniciativa busca regular la adquisición de predios rurales por parte de extranjeros y evitar la apropiación indiscriminada de terrenos rurales con propósitos especulativos.

Igualmente busca promover la inversión de capital del exterior para el desarrollo agrícola y forestal competitivo, garantizando que sea incluyente con los pequeños y medianos productores.

La iniciativa propone mecanismos de control a este tipo de inversión en el sector agropecuario, de acuicultura y demás actividades agropecuarias, pues deberán ser autorizadas por el Comité de Inversión Extranjera del sector agropecuario que se crea por esta ley.

Sin embargo para el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), esta iniciativa va a generar más pobreza en el campo porque los grandes empresarios invertirán en proyectos agrícolas macro, al tiempo que los campesinos no pasarán de ser arrendatarios.

En cuanto a los terrenos baldíos el proyecto determina quesolo serán adjudicados a personas naturales, nacionales colombianos, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia y no se otorgará derecho de usufructo sobre baldíos de la Nación.

Potencial

El proyecto de ley presentado por el ministro Restrepo reviste especial importancia, dado que Colombia posee extensiones de tierras que pueden hacerse cultivables con el aporte de recursos humanos, técnicos y capital, sin dejar de lado a la población campesina y llevándole a esta el desarrollo de la infraestructura y el mejoramiento de la calidad de vida, indica la ponencia presentada para el primer debate de la iniciativa.

Colombia tiene un potencial de 10,4 millones de hectáreas para el uso agrícola, de las cuales en la actualidad solo están plantadas 4,2 millones, según Visión Colombia II Centenario: 2019). “Hay que partir entonces de un paradigma distinto del que se ha planteado en varios foros y por la propia Corte Constitucional. Nuestro país no enfrenta un escenario de escasez de tierras agrícolas, sino que existe un gran potencial para desarrollar proyectos que se pueden armonizar con el empleo productivo del campo, propendiendo por la seguridad alimentaria, añade la ponencia.

Agrega que de acuerdo con los datos del DNP y el IGAC (2010) un 30% de las hectáreas de tierra nacional presenta conflictos por subutilización.