Justo por  estos días en que el Congreso estudia en la Cámara el proyecto que permitiría a los actuales alcaldes buscar la reelección inmediata en los comicios de 2015, en el Senado la Comisión Primera tiene previsto dar tercer debate a la iniciativa por medio de la cual se crea un fuero legal para la investigación y el juzgamiento de los burgomaestres, al atribuir esta función a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Esta iniciativa que fue radicada el 24 de julio de 2013 por los entonces representantes liberales Hugo Orlando Velásquez y Jorge Eliécer Gómez, ha ‘rodado’ con cierta comodidad hasta el momento en el Congreso, pues el año anterior fue aprobada sin mayores cambios en la Comisión Primera de la Cámara y posteriormente en la plenaria de dicha Corporación. 

En tanto que llama la atención la velocidad que le está imprimiendo la Comisión Primera del Senado a su estudio, pues apenas el pasado 1° de septiembre fue publicada la ponencia positiva para tercer debate por parte del senador Armando Benedetti (La U), sin embargo, este proyecto figura hoy en primer lugar del orden del día en esta célula legislativa.

De esta forma, por estos días las dos comisiones primeras del Congreso se ocupan de lleno en el abordaje  de iniciativas que de alguna forma beneficiarían a todos los alcaldes del país. Sin embargo, es claro que no es igual la favorabilidad, si se puede usar este término, que tiene cada uno de estos proyectos en el Congreso, pues mientras que el proyecto de ley de origen liberal No. 156/13 Senado, 28/13 Cámara, que crea un fuero legal para la investigación y el juzgamiento de los burgomaestres distritales y municipales avanza a gran velocidad en su trámite; la iniciativa No. 126/14 Cámara que permitiría a los actuales alcaldes y gobernadores presentarse a la reelección en 2015, nació muerta a pesar de que fue radicada por el Gobierno nacional.

Como se recordará, esta última iniciativa fue llevada hace un par de semanas al Congreso por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el objetivo principal de unificar los periodos de los gobiernos territoriales con el del presidente de la República.

De esta forma en el año 2018 se elegiría para un periodo de cuatro años presidente de la República, Congreso, gobernadores, alcaldes, integrantes de concejos municipales y distritales, miembros de asambleas departamentales  e integrantes de juntas administradoras locales.

El proyecto propone que los actuales mandatarios regionales elegidos en 2011 y cuyo periodo se extingue el 31 de diciembre de 2015 se puedan presentar como candidatos en los comicios de octubre de ese año para un periodo que comenzaría el 1º de enero de 2016 y terminaría el 31 de diciembre de 2018.

 Sin embargo, la reacción en ‘cadena’ que se dio en el Congreso ante este proyecto, cuando ni siquiera cuenta con ponencia para su primer debate en la Comisión Primera de Cámara, particularmente en el seno de la propia Unidad Nacional, pone una sombra de duda sobre el futuro de esta iniciativa que fue una promesa de campaña del presidente Santos para su reelección, lo que precisamente es lo que más  ha despertado reparos en el Capitolio.

Al tiempo que los gobernantes regionales aglutinados todos por primera vez para este fin, reclaman la unificación de periodos para mejorar la gestión administrativa hoy impactada, entre otros, por las restricciones que establece la Ley de Garantías en materia de contratación.  

 ‘Pedaliando’

Fuentes en el Congreso consultadas por EL NUEVO SIGLO han señalado que la velocidad que imprime al proyecto que crea un fuero legal para la investigación y el juzgamiento de los burgomaestres, no tiene otra explicación que hacer que los alcaldes no se vayan con las ‘manos vacías’ en caso de que, como muchos temen, no llegue a puerto el proyecto que les permitiría presentarse como candidatos el próximo año.

Especialidad

El juzgamiento de las conductas penales relacionadas con la labor de los burgomaestres viene siendo adelantado por funcionarios judiciales de rango local o municipal, quienes según el proyecto de ley no cuentan con la preparación suficiente y necesaria en el ámbito de la administración pública.