La Procuraduría General de la Nación negó la recusación planteada por la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, contra la auditora general de la Nación, Laura Emilse Marulanda Tobón, para que la funcionaria recusada continuara con el conocimiento de cuatro auditorías especiales adelantadas a la Contraloría.

La decisión del Ministerio Público obedeció a que dichas actuaciones administrativas, estas son, auditorías especiales, no se encontraban en conocimiento de la señora auditora general, sino de la Dirección de Control Fiscal de esa entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 272 de 2000, y en tal sentido “no podría tenerse como desprovista de imparcialidad u objetividad para resolver lo que no es de su actual injerencia”.

De igual forma, atendiendo la importancia del asunto, se decidió designar como funcionaria especial a la doctora Maria Eugenia Carreño Gómez, procuradora delegada para la Sala Disciplinaria, para intervenir en el trámite de dichas auditorías especiales y en el eventual proceso de responsabilidad fiscal que pudiere derivarse de estas actuaciones.