Unidades del grupo investigativo de recursos naturales y medio ambiente de la Dirección Nacional del CTI, con apoyo de las fuerzas militares capturaron a seis personas, por el delito de daño en los recursos naturales, en la vereda Sucre del municipio de Soacha.

Durante la diligencia se capturó a José Gabriel Carvajal, Carlos Alfredo Burgos Cáceres, Eliseo Roa, Hipólito Ochoa Rincón, Víctor Julio Ramírez Clavijo y Luis Antonio Liberato Neira. Estas personas fueron sorprendidas, al momento del registro, manipulando y operando maquinaria para la explotación de material de arrastre, encontrándose en situación de flagrancia.

La diligencia de allanamiento se realizó el 27 de marzo de 2015, a una empresa que se encargaba de la explotación de arcillas y materiales de construcción, que había incumplido con los planes de manejo ambiental, por lo tanto la CAR impuso medida preventiva con el objetivo de suspender las actividades. Sin embargo, dicha organización siguió con la explotación de materiales en forma indiscriminada, afectando de esta manera los componentes ambientales como el agua, componentes agrológicos, atmosféricos, bióticos, paisajísticos y sociales. Derivado de las labores de investigación penal se solicitó la intervención judicial.

Además, en el lugar se incautaron los siguientes elementos: una volqueta, dos cargadores color amarillos de diferentes marcas, un buldócer de oruga color amarillo, un cargador CAT y un tractor de oruga.

En audiencias se legalizó el allanamiento y las capturas, también se imputaron los cargos por los delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de cantera y, en situación de flagrancia, explotación ilícita de yacimiento minero. La medida de aseguramiento de detención preventiva  no fue decretada por el juez de control de garantías, los capturados continúan vinculados al proceso penal.

El Director Nacional del CTI, Danny Julián Quintana indicó que la Alcaldía de Soacha conocía estos hechos y no hizo ningún esfuerzo por controlar esta situación administrativa. Los efectos de esta investigación es llamar a los funcionarios responsables de la alcaldía y la corporación autónoma regional para que expliquen ante la Fiscalía porque no se produjo ningún control si las licencias se encontraban suspendidas.