ALTA tensión política se vive en Venezuela con la ofensiva judicial del Tribunal Supremo de Justicia contra la oposición en un intento para socavar sus opciones de cara a las parlamentarias de fin de año, que fue respondida por el presidente interino, Juan Guaidó, con un llamado a reactivar las manifestaciones contra el régimen Maduro

En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender a la cúpula del partido Acción Democrática, (AD) liderada por Henry Ramos Allup y de Primero Justicia (PJ), al que pertenecen los destacados opositores Henrique Capriles y Julio Borges, y envió a la Sala de Casación Penal el recurso presentado por la Fiscalía para determinar si el otro partido opositor, Voluntad Popu8lar, que lideran Juan Guaidó y Leopoldo López, es una organización terrorista.

"La Sala Constitucional del TSJ decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual junta directiva de la organización con fines políticos Primero Justicia", dijo  el alto tribunal, un día después de haber tomado la misma medida contra AD.

En su lugar, el TSJ ha designado una "junta directiva 'ad hoc' para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario", poniendo al frente a José Brito, a quien corresponderá a partir de este momento la designación de los demás cargos de Primero Justicia y de "las autoridades regionales, municipales y locales".

Además, el Supremo ha determinado que la nueva cúpula de Primero Justicia podrá utilizar la tarjeta electoral, el logotipo, los símbolos y "cualquier otro concepto propio de la señalada organización".

Asimismo, ha decidido dejar temporalmente sin efecto "los actos de expulsión o exclusión partidista y suspensión”, que éstos adoptaron. Esta decisión judicial obedece, precisamente, a una acción emprendida por Brito y Conrado Pérez, antiguos miembros de PJ que fueron expulsados del partido cuando se alinearon con el 'chavismo' para arrebatar al líder opositor Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional y poner en su lugar a Luis Parra, también expulsado por ello de PJ.

El TSJ actuó de la misma forma el lunes contra la cúpula de Acción Democrática, cesando a Henry Ramos Allup y nombrando en su lugar a Bernabé Gutiérrez, desmarcado de la línea oficial de AD.

En otra decisión, también ayer, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha derivado a la Sala de Casación Penal el recurso planteado por el fiscal general, Tarek William Saab, para determinar si Voluntad Popular, el partido de los destacados opositores Juan Guaidó y Leopoldo López, es una organización terrorista.

Saab ha denunciado la supuesta implicación de Voluntad Popular en hechos que van desde el golpe de Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en 2002 hasta la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela y la "incursión mercenaria" del pasado 3 de mayo en el marco de la 'Operación Gedeón'.

Ante la iniciativa de Saab, el TSJ podría ordenar la disolución de Voluntad Popular. Algunos de sus líderes ya han sido inhabilitados para participar en elecciones por presuntos hechos de corrupción y el propio Guaidó está siendo investigado por delitos que irían desde la corrupción al intento de golpe de Estado.

En el trasfondo de estos movimientos judiciales subyace el hecho de que Venezuela debe celebrar este año unas elecciones parlamentarios que son clave porque, si la oposición pierde la Asamblea Nacional, Guaidó dejará de ser su titular y con ello perderá la legitimidad constitucional para mantenerse como "presidente encargado" del país.

A ello se suman las recientes decisiones del TSJ para arrebatar a la Asamblea Nacional la potestad de nombrar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo que ya fue condenado por el Grupo de Lima.