Ya para inicios de enero de este 2020, se hace evidente –con mayor notoriedad- el conjunto de divisiones fratricidas que tiene la oposición política en Venezuela.  Son procedimientos contradictorios que demeritan ante el electorado el anhelo de un cambio político, de una innovación en la toma de decisiones de la sociedad venezolana.

Ahora resulta que el diputado Luis Parra, de las fuerzas supuestamente contra Maduro, toma posesión de la Asamblea Nacional.  Parra está apoyado por Alex Saab, un contratista del Estado, uno de los más poderosos -quizá el más poderoso- que habría logrado contratos con el poder Ejecutivo venezolano por montos que bien podrían sobrepasar los 800 millones de dólares, tal y como lo ha documentado Roberto Deniz.  Estos contratos han tenido énfasis, en el sector de distribución de alimentos en la población.

Se trata de canales de comercialización en donde no dejan de existir productos en mal estado que las personas se ven forzadas a adquirir, dado que no existen otros procesos alternativos o substitutivos para adquirir productos de primera necesidad.  Uno de los rasgos más crudos, del drama humanitario en Venezuela.

Ante ello, Juan Guaidó, saltándose la cerca de metal que custodia la Asamblea, logró también juramentarse como presidente de esta instancia gubernamental, en el Parlamento.  Las masas enfurecidas del chavismo se lo trataron de impedir. 

Y por supuesto también fueron obstáculo los militares, los que a la postre mantienen en el poder a Maduro, y son los que mayoritariamente se han beneficiado de este estado de cosas: el saqueo de las arcas públicas venezolanas desde que en febrero de 1999 tomara posesión Hugo Chávez.  Quien lo dijera, son ya 20 años de practicar -por parte de los grupos en el poder- una imparable operación extractiva, variable en la que se fundamenta la crisis humanitaria que asola a la potencia petrolera latinoamericana.

Es cierto que Guaidó ha sido reconocido por más de 50 gobiernos en el mundo, pero también no es menos verdadero, que las divisiones –fomentadas también por el chavismo- entre la oposición política le restan legitimidad a las fuerzas que han constituido una esperanza de alternativa para Venezuela.

Colocar a un “opositor” en la presidencia de la Asamblea Nacional es un logro clave para Maduro y sus ansias de atornillamiento en el poder. Como se sabe, el chavismo perdió el control de este parlamento unicameral conformado por 167 representantes, en 2015. 

Los diputados pertenecientes a la oposición son 112. El régimen represivo de Maduro, un régimen de militares colocados allí desde los tiempos del teniente Chávez, ha tratado de sobornar, de hostigar o de abiertamente reprimir a quienes no favorecen al régimen.

No obstante los obstáculos, los diputados de la oposición se mantienen, pero con las ya profundas divisiones a que se ha hecho mención.  Estos acontecimientos y maniobras se encuentran ya estudiadas desde el Siglo XVI, en uno de los textos básicos de la ciencia política: “El Príncipe” -obra publicada en 1532- de Nicolás Maquiavelo (1469-1527). 

La estrategia es: divide y vencerás.  De esa manera se impide la conformación de una masa crítica de presión política, se resta credibilidad y los representantes de grupos tienden a aislarse de sus representados. Precisamente lo que está pasando en el ámbito político venezolano. 

La implementación de esa división por lo general se logra mediante el otorgamiento de prebendas y concesiones económicas y financieras directas, o bien mediante el uso abierto de la represión.  Es de recordar en esto, los más de 100 asesinados que dejó la intervención de la policía y el ejército venezolano con motivo de las manifestaciones de hace un año.

Estas jugadas de laberintos “legales” del chavismo no han pasado desapercibidas por la comunidad internacional, dado que ésta última rechaza la legitimidad de Parra y se señala que las maniobras constituyen un intento por quitar a los opositores el poder Legislativo.  Todo ello, a pesar de que el gobierno desde Caracas no cuenta con todos los apoyos y la representación para alcanzar tal finalidad.

Las amenazas contra Maduro, en algo que ya va siendo habitual, pero que igualmente no cambia nada, no se han hecho esperar.  La Unión Europea, Estados Unidos y los aliados regionales, entre los que se destacan Colombia y Brasil, han reiterado su respaldo a Guaidó.  Desde Washington se advirtió que la potencia del norte tomará medidas “si se produce una escalada en la crisis o si Guaidó es detenido por las fuerzas del ejército leales a Maduro”.

En todo esto debemos aceptar que Venezuela acapara titulares y comentarios obedeciendo también a una racionalidad económica. Se trata del país con las mayores reservas comprobadas de petróleo e importantes yacimientos de minerales, entre ellos, bauxita, diamante, níquel y cobre. 

No es de olvidar que otros países en el hemisferio occidental también padecen tragedias similares o agravadas.  Se reconoce que en general, el “cluster” menos funcional en Latinoamérica está compuesto por Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Guyana, y hasta cierto punto, Bolivia.  En esos países la crisis que se vive no sólo es actual sino legendaria.  Esas sociedades tienen que lidiar con patrones de severa inequidad, exclusión social, además de pobreza y carencia de oportunidades.

Una de las mayores dificultades al analizar la situación venezolana es la incertidumbre de datos y cifras.  Éstas tienden a ser nulas, escasas o distorsionadas sobre la realidad del país.  No obstante, hay consenso en algo indiscutible: mientras los militares sean el eje de poder real, se estén beneficiando del “capitalismo pirata”, se mantendrá un régimen rentista-extractivo, que crecientemente, está generando una importante crisis de abastecimiento en el país.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. (El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna)