Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan a personas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, a dos días de que el presidente Nicolás Maduro asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo.

Las nuevas sanciones recaen sobre siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de ese esquema, una lista que incluye a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.

"Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas, que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado por largo tiempo para robarle a su gente", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. 

Venezuela, por su parte, consideró ilegales estas sanciones estimando que "el único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad de la ONU". 

"Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional", dijo la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

La funcionaria subrayó que las acciones "son unilaterales porque las impone un gobierno de forma abusiva, e ilegítimas".

Venezuela presentó además un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar dichas sanciones y otras "medidas coercitivas de restricciones comerciales" en su contra.

Venezuela impuso en 2003 un control de cambios, reservándose el monopolio de las divisas, que vendía discrecionalmente al sector privado a tasas inferiores a las que operaban en el mercado negro y este diferencial estimuló la corrupción. 

A pocos días de que el presidente Nicolás Maduro comience un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Tesoro anunció las nuevas sanciones, que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe del Estado, su esposa y varios ministros y líderes chavistas.

Aislamiento internacional

El Grupo de Lima, con la excepción de México, instó el viernes a Maduro a no asumir su segundo mandato y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una incitación a un golpe de Estado.

Este martes el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, indicó que en Venezuela "hubo elecciones" y "la oposición no se presentó", respondiendo a los cuestionamientos por la decisión de enviar a representantes a la ceremonia de inicio del segundo mandato de Maduro.

Caracas se ha acercado más a aliados como Rusia, China, Irán y Turquía, anticipando una mayor presión internacional. La UE, por su parte, llamó este martes a una nueva elección "libre y justa", y el jueves la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión extraordinaria sobre Venezuela.

El país, que dejó atrás un pasado de bonanza petrolera, vive una grave crisis institucional, social y económica. El precio de su mayor fuente de divisas, el petróleo, ha caído y la producción ha bajado de 3,2 millones de barriles diarios a 1,13 millones en la última década. 

Según el FMI la economía se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%.

Esta crisis desató la ola migratoria más masiva de la historia reciente de América Latina. La ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.

Estados Unidos añadió este martes a la lista a siete personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz y Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas. 

Un agujero de 300.000 millones de dólares

Según la oposición venezolana, los delitos derivados del control de cambio suman unos 300.000 millones de dólares. 

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, celebró las sanciones. 

"El régimen de Maduro ha saqueado miles de millones al pueblo de Venezuela para consolidar a su círculo interno, los militares venezolanos y sus aliados en La Habana", dijo. 

Gorrín es uno de los implicados en el caso del antiguo guardaespaldas y extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, sentenciado a 10 años a prisión en Estados Unidos por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares.

Según el Departamento del Tesoro, tanto Andrade como Díaz, cuando ocupaban la jefatura de la Tesorería, usaron su influencia para darle a Gorrín acceso al sistema preferente, lo que le permitía maximizar sus beneficios en sus transacciones de divisas. 

A cambio, según el Tesoro de Estados Unidos, Gorrín y otros empresarios pagaron cientos de millones de dólares en sobornos.