La connivencia entre Nicolás Maduro, Farc y Eln será uno de los motivos para que Colombia denuncie ante la ONU el auspicio del “terrorismo internacional” por parte del gobierno venezolano. Declarado así, ¿qué consecuencia tiene sobre el chavismo? 

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LA PRESENCIA de grupos irregulares colombianos en Venezuela no es nueva. Desde tiempos de Hugo Chávez, las guerrillas han tenido acogidas en el vecino país. Lo que es novedoso, desde lo diplomático, son las consecuencias que esta connivencia o cohabitación puede generar en los organismos multilaterales.

Este lunes el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el país va buscar que Venezuela sea incluida en la lista de los países que patrocinan o auspician el terrorismo, una medida más dentro de la escalada contra el régimen de Nicolás Maduro, que ha incluido denuncias por violación de los Derechos Humantes ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En diálogo con Blu Radio, el Canciller aclaró que Colombia va pedirle a la comunidad internacional que Venezuela sea designada como país patrocinador del terrorismo, un paso que, de concretarse, estaría en manos exclusivamente de Estados Unidos y la Unión Europea.

“El régimen de Maduro ahora favorece y ampara organizaciones terroristas en su territorio, para que desde allá delincan contra Colombia”, denunció. “La denuncia se hará en el marco del Consejo de las Naciones Unidas”.

¿Existe la lista?

Para que Venezuela sea designada como país “patrocinador” del terrorismo, primero hay que lograr que Estados Unidos concuerde con que este anuncio efectivamente se deba hacer, como lo ha hecho en otros casos. Uno de ellos el caso de  Irán, en 2018, cuando además de decir que auspiciaba a organizaciones terroristas como el Hezbolá, tenía un cuerpo de seguridad considerado terrorista, la Guardia Revolucionario Islámica.

Una lista de Estados “que auspician” el terrorismo no existe. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo que hace es designar a aquellos países que “han brindado apoyo en repetidas ocasiones para actos de terrorismo internacional”. Esto se hace conforme a la Ley de Administración de Exportaciones, la sección 40 de la Ley de Control de Exportaciones de Armas y la Ley de Relaciones Exteriores, un compendio de normas que le dan sustento a la decisión, la cual debe ser tomada con base en la resolución 1373 de la ONU.

En 2001, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó en la resolución 1373 que los Estados “no pueden otorgar apoyo (activo o pasivo)” a estos grupos. Dice, además, en una parte del texto, que los Estados deberán “abstenerse de proporcionar cualquier forma de apoyo, activo o pasivo, a entidades o personas involucradas en actos terroristas, incluso suprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el suministro de armas a los terroristas”.

Viable la sanción

Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, le dijo a EL NUEVO SIGLO que ve viable que Estados Unidos declare a Venezuela como un Estado terrorista. “En la lógica del escalamiento de las sanciones sobre Venezuela ese sería el paso siguiente. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha sacado a las Farc y el Eln de las FTO (Foreign Terrorist Organization, por sus siglas en inglés), entonces tienen todo el argumento armado para hacer esa declaración”, dijo.

Estados Unidos, en efecto, no ha dejado de declarar a las Farc específicamente como una Organización Terrorista Internacional (FTO, en inglés), pese a que el entonces presidentes Juan Manuel Santos le solicitó al Departamento de Estado en 2016 que evaluara la posibilidad de sacar a esta guerrilla de la lista de organizaciones terroristas, en la cual fue incluida el 8 de agosto de 1997 durante la administración del demócrata Bill Clinton.

Declarado como Estado “auspiciador de grupos terroristas”, Venezuela enfrentaría una nueva oleada de sanciones. “Son unas sanciones mayores en distintos ámbitos, entre otros, reforzando aún más el tema financiero, incluso podría reforzar la aplicación de sanciones por parte de otros agentes y reestructurar aún más el distanciamiento de compañías con el Estado venezolano”, explicó Molano.

Precisamente, en el último mes las medidas tomadas por Estados Unidos, calificadas por algunos de “embargo”, ya han empezado a tener un impacto en las finanzas del régimen de Maduro.

La semana pasada China, aliado de Maduro, paralizó las “obras de expansión de instalaciones dedicadas al procesamiento de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco”. El anuncio fue hecho por la China National Petroleum Corporation (CNPC), que explicó que la medida fue tomada por “la falta de pago”.

El 19 de agosto Pekín ya había comunicado que la CNPC “detuvo las cargas a principales compradores de petróleo venezolano”. Fuentes le revelaron a Reuters que la medida fue tomada tras “el embargo” impuesto por Washington sobre el régimen de Maduro.

No solo China ha preferido abstenerse de seguir realizando operaciones con el chavismo. Algunas multinacionales de Turquía e India igualmente han decidido evitar este tipo de transacciones. Sin embargo, Rusia se mantiene firme y a través de la gigante petrolera Rosneft sigue ejecutando, e incrementando, sus movidas financieras.

Para algunos sectores, no hay lugar para imponer más sanciones, ya que “el embargo” impuesto a mediados de este año parece la última medida en este sentido. Pero otros creen que las sanciones cada vez pueden ser más drásticas para logar una flexibilización del régimen.

“Las sanciones que se han puesto hasta ahora, en términos generales, son sanciones individualizadas. Mientras que cuando se califica a un estado como terroristas, las sanciones dejan de ser individualizadas”, dijo el profesor Molano.

Otros efectos

Además de enfrentar un recrudecimiento de las sanciones económicas,  Maduro, con la posible declaración de su país como Estado patrocinador del terrorismo, reviviría el fantasma de la “intervención”, que en los últimos meses había pasado a un segundo plano en medio de las negociaciones con la oposición, hoy congeladas, y cierta zozobra dentro de la dirigencia opositora.

La posible intervención traería consigo una división en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, según los expertos, no tiene una constitución “monolítica”, dada las diferencias de mando entre Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que el apoyo de la declaratoria de Venezuela como país patrocinador del terrorismo podría ser recibido por algunos países en el Grupo de Lima y Grupo de Contacto, como una medida que va en detrimento de cualquier salida negociada de Maduro del poder.