30 años de cárcel a quienes respalden sanciones a Venezuela | El Nuevo Siglo
Nicolás Maduro. /Foto: AFP
Jueves, 28 de Noviembre de 2024
Agence France Presse

LA pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela controlado por el chavismo gobernante, aprobó una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.

La nueva legislación coincide con tensiones recrudecidas por la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...)
será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley, Aprobado por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar las sanciones.

Se estipula en esos casos multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación.

La legislación castiga con idénticas penas a "toda persona que promueva, instigue, solicita, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza" contra el país caribeño.

Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.

Venezuela y altos funcionarios del gobierno de Maduro han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades en procesos electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció com "presidente electo" a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto emitida en su contra por las autoridades.

Bolívar contra Bolívar

La "Ley Libertador Simón Bolívar" votada en el unicameral Parlamento de Venezuela responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.

La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés) prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, que tilda de "ilegítimo" o con cualquier otro "no reconocido como legítimo" por Washington.

El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana provocó una airada reacción del gobierno de Maduro.

Las sanciones de la Casa Blanca habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.

Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro han hecho renacer las amenazas de un reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso al poder en Estados Unidos de Donald Trump.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están rotas desde 2019.

La nueva ley fija sanciones para medios de comunicación que divulguen "propaganda" a favor de sanciones o "mensajes" que las respalden.

Las consecuencias pueden llegar a la "revocatoria de la concesión" para operar en los casos de televisores y emisoras de radio, así como multas de alrededor de 100.000 a un millón de dólares. Mensajes en prensa, así como redes sociales, son castigados con las mismas multas.

El gremio de la prensa denuncia grandes restricciones en Venezuela, donde se han registrado cierres masivos de canales de televisión y emisoras radiales en 25 años de gobiernos del chavismo.

Si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, apunta la ley, podrán ser objeto de "expulsiones" del país, al igual que confiscación de bienes./AFP

EL presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (C), camina mientras sostiene un documento de un proyecto de ley aprobado por los legisladores que codifica las sanciones económicas como un crimen contra la humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su apoyo a las sanciones internacionales contra el país./AFP