Las muertes durante operativos contra presuntos delincuentes en Venezuela aumentaron a 7.523 en 2018, casi 2.000 más que las registradas en 2017, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicado este jueves.

Esos casos representan 32% del total de muertes violentas ocurridas en el país, cuya tasa de homicidios se ubica en 81,4 por cada 100.000 habitantes, frente a 89 por cada 100.000 de 2017, indicó el estudio, avalado por ocho de las principales universidades venezolanas.

"Hay zonas del estado Aragua (norte) donde los cuerpos policiales mataron cinco veces más personas que los delincuentes", dijo a la AFP Roberto Briceño, director del OVV.

Según el investigador, dicho fenómeno "genera más violencia y destruye la institucionalidad", acabando en muchos casos con la vida de inocentes.

El gobierno tipifica estas muertes como "resistencia a la autoridad".

"Pareciera que la única política es la de eliminar a los presuntos delincuentes (...). Se trata más bien de ejecuciones extrajudiciales", denunció Briceño, precisando que este año se registraron 1.988 casos más que en 2017.

El pasado 26 de noviembre el ministro de Interior, Néstor Reverol, reconoció un aumento de 320 casos de "resistencia a la autoridad" en 2018, es decir, personas abatidas durante operaciones de los cuerpos armados que no se suman en la estadística de homicidios.

Las muertes de ese tipo rondan así las 5.300, pues hubo 4.998 en 2017 y 5.995 en 2016, según el balance oficial, que da cuenta de una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes.

A juicio de Briceño, Venezuela padece "una epidemia generalizada de violencia".

"En 296 de los 335 municipios del país la violencia está en niveles de epidemia (...) Hay 20 municipios con tasas superiores a las 200 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y 88 con tasas por encima de 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes", comentó el director del OVV.

En medio de la criminalidad desbordada han proliferado los llamados "delitos de hambre", robos de comida que encuentran terreno fértil en una crisis económica reflejada en escasez de bienes básicos y una inflación proyectada en 10.000.000% para 2019.

"Hay robos vinculados a los alimentos, en unos casos por hambre y en otros ejecutados por bandas criminales", sostuvo Briceño.

Los productores son víctimas del hurto de cosechas y ganado.

"Hay personas que han dejado de sembrar maíz porque durante la noche entran y roban las mazorcas", afirmó Briceño.

Además, debido a la inseguridad y la violencia "se producen y se distribuyen menos alimentos en el país", lo que contribuye a disparar los precios, señaló el activista.