La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, indicó que 350 personas fueron detenidas en el marco de las protestas contra las medidas económicas implementadas por el presidente Lenín Moreno. 

"Tenemos más de 350 personas detenidas, estas personas están relacionas con los eventos violentos y vandálicos ocurridos en Guayaquil y Quito", indicó Romo.

En Guayaquil fueron detenidos 159 individuos, en Quito 118 ciudadanos y en otras provincias fronterizas 54, manifestó la funcionaria.

El pasado jueves también fueron detenidos dos dirigentes indígenas y tres líderes sindicales del transporte, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de paralización de servicio público. 

Entre tanto, María Paula Romo reiteró que la medida de Estado de Excepción se mantendrá por 60 días con el fin de mantener el orden público.

Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, aseguró que se han registrado unas 100 movilizaciones en el país.

"Tenemos patrullajes permanentes en las principales avenidas de Quito y Guayaquil, tenemos organizados 293 equipos para resguardar la seguridad y 90 equipos de respuesta inmediata", subrayó el jefe de la cartera de Defensa.

En la mañana del viernes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que el paro de los transportadores, que se manifestaron en contra las medidas económicas es una estrategia para desestabilizar al Gobierno.

“La intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar al Gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre le vamos a decir no, el Ecuador les está diciendo no, así es que mejor acójanse a las consecuencias”, dijo el mandatario desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil.

En su momento, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, manifestó que están "indignados" por las medidas anunciadas por Moreno, las cuales incluyen la eliminación de los subsidios al diésel y a la gasolina conocida como "extra", la de mayor consumo nacional.

Otro de los puntos del plan económico que rechazan los sindicalistas es que a los empleados públicos les reduzcan de 30 a 15 días las vacaciones anuales.

También son resistidas las medidas de reducir el 20% de los salarios en la renovación de contratos ocasionales en el servicio público, lo cual, a juicio de muchos, afectará directamente la calidad de servicios relevantes como la docencia y la salud. Además, los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente un día de su salario.