El Parlamento Europeo aprobó hoy tras largas discusiones internas el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Japón, que podrá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019.

El texto ya había recibido previamente la aprobación del Parlamento japonés.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, destacó las importantes ventajas que el acuerdo supondrá para empresas y agricultores y consideró infundados los temores a que pueda rebajar los estándares medioambientales y para los consumidores o los derechos para los trabajadores.

Este acuerdo de libre comercio, que se preparaba desde 2013, es el mayor cerrado por la UE hasta el momento. Reducirá aranceles y otras trabas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

Por ejemplo, se suprimirán los aranceles a las exportaciones europeas de carne de cerdo procesada, algunos tipos de queso y vino. Japón, por su parte, se beneficiará de la reducción de aranceles para productos industriales, entre ellos los automóviles.

Japón es la tercera mayor economía del mundo, por detrás de Estados Unidos y China, y un mercado muy interesante para las empresas europeas. La UE y Japón tienen 635 millones de habitantes en conjunto.

Dentro del Parlamento Europeo, los socialdemócratas mostraron reservas al acuerdo relacionadas con la postura de Japón respecto a las normas de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno nipón estableció un grupo de trabajo específico al respecto gracias al que se pudieron superar esas críticas.

Finalmente, la Eurocámara aprobó el acuerdo con 474 votos a favor, 152 en contra y 40 abstenciones.

Los actuales conflictos comerciales con Estados Unidos también pesaron a la hora de conseguir que el acuerdo fuese aprobado por un margen tan amplico. "Nuestra aprobación de un acuerdo amplio es a la vez un desafío a la política 'Estados Unidos Primero' del presidente estadounidense Donald Trump", dijo el presidente de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange.

Los eurodiputados verdes criticaron el acuerdo, pues consideran que va en la línea de la desregulación y liberalización de los servicios financieros y de los servicios públicos de interés general.