El primer ministro, Boris Johnson, afirmó desde Nueva York que estaba "profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron".

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La justicia británica asestó este martes un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar "ilegal y sin efecto" su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al Brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.

Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar "profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron".

"No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit", denunció. Sin embargo, "éste es obviamente un veredicto que respetaremos", aseguró.

Tras tres días de vistas y cuatro de deliberación, once jueces de la Corte Suprema de Londres dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como "nula y sin efecto".

La decisión de "suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó la presidenta de la Corte, Brenda Hale.

En consecuencia los diputados volverán al trabajo el miércoles por la mañana, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un "ultraje constitucional".

Y cuanto se reúnan de nuevo, se anuncia un terremoto político para el controvertido primer ministro, en el poder desde finales de julio.

"Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir", afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford, mientras a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba "¡Johnson fuera, Johnson fuera!" y un hombre caracterizado como el primer ministro y vestido de preso agitaba una pancarta que decía "¡Culpable!". 

También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar. 

"Corbyn está diciendo cosas ilógicas", lanzó Johnson desde Nueva York, considerando que "lo obvio ahora es organizar elecciones".

El primer ministro ya había intentado convocar legislativas anticipadas a mediados de octubre, pero para adelantar los comicios necesita el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, y los laboristas rehúsan dárselo hasta descartar totalmente el riesgo de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.

- Importante precedente judicial -

Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas durante cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, hasta solo dos semanas antes del Brexit.

Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse solo unos diez días.

Pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea.

La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.

Según Tony Travers, politólogo de la London School of Economics (LSE), el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente convirtiéndola en "una especie de Tribunal Constitucional en un país sin constitución escrita".

Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a once de sus doce magistrados, el máximo posible para evitar un empate.

Los once magistrados escucharon la semana pasada los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno.

Una las principales querellas había sido iniciada por la conocida empresaria y activista antibrexit Gina Miller, quien en 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May.

Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era "silenciar al parlamento".

El ejecutivo defendió por su parte que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era "fundamentalmente de naturaleza política" y pertenecía "al terreno del juicio político, no las normas legales".

Ahora, "los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos", lanzó Miller tras conocerse la sentencia.