Presidente Sebastián Piñera insiste en el diálogo político y no descarta esta petición, pero busca el consenso. Santiago y otras ciudades continúan semiparalizadas

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CON bloqueos de rutas, concentraciones en tribunales, marchas y un gran cacerolazo nacional se cumplió ayer un "superlunes" de protestas sociales en Chile, donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.

"Esto aún no termina", señalaban los llamados de convocatoria por redes sociales para el "superlunes" en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta el 18 de octubre, cuando un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, sorprendió a un poder político que todavía no vislumbra cómo controlar la crisis.

La rabia en la calle, que ha dejado 20 muertos, es en contra de un Estado ausente (desde años atrás) en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Muchas de las urgencias sociales son imposibles de concretar sin una nueva Constitución. Es necesario pasar de una Constitución con un rol subsidiario del Estado a una Constitución con un rol social del Estado", escribió este fin de semana la exdiputada y exsenadora de derechas Lily Pérez.

El presidente Piñera, que tuvo que cancelar la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada "un diálogo amplio".

Sin embargo paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas, que percibió como un tema de desorden público.

En un fin de semana frenético, con saqueos a supermercados, incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.

Según una encuesta de Cadem divulgada el domingo, un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.

La crisis arrastra la popularidad del mandatario, que con 13% de aprobación, según el estudio de Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile.

La guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, está en el país para conocer los detalles del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre los muertos durante las protestas y las 179 denuncias interpuestas ante la justicia por casos de maltratos, torturas y abusos sexuales sufridos por manifestantes.

Esta crisis empezó con una protesta de estudiantes que llamaron a evadir el metro de Santiago en reclamo al aumento de tarifas, y luego destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.

Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas y sin liderazgo identificable.

 Santiago y las principales ciudades del país no han podido recuperar su ritmo normal por las persistentes manifestaciones masivas después del mediodía y algunos incidentes violentos que han paralizado gran parte del sector comercial y turístico.

Ayer el Metro de Santiago retomó su servicio con un horario más prolongado y cuatro estaciones más en funcionamiento. 

Este medio de transporte público, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, sufrió graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, y ha estado semiparalizado sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.

Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de 350 millones de dólares. Los desmanes en pymes y comercios, además de en las infraestructuras públicas, supera los 900 millones de dólares, según cifras oficiales.

Este fin de semana, que fue un feriado largo con protestas que tuvieron poder de convocatoria en versiones artísticas, deportivas y cabildos, los principales centros comerciales abrieron tras 15 días cerrados aunque menos horas