MÁS de quince días después del inicio de protestas y paros contra la reelección del presidente Evo Morales, Bolivia se encamina hacia una polarización violenta de su sociedad a menos de que se abra un diálogo entre ambos bandos, advierten varios analistas.

La situación está entrampada en dos posiciones radicales tras el polémico escrutinio que le dio el triunfo en primera vuelta a Morales. Desde entonces, el mandatario hizo oídos sordos a reclamos opositores que lo acusan de buscar ganar tiempo para perpetuarse en el poder tras aceptar una cuestionada auditoría de la OEA.

Los analistas no ven otra salida que una negociación para evitar una escalada de violencia en las calles, que ha dejado dos muertos y unos 150 heridos.

"Esta exacerbación de los ánimos nos está llevando a un clima fratricida, absolutamente inaceptable", advierte el politólogo Franklin Pareja.

El rostro más visible del bando opositor es el líder cívico de derechas de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien trató sin éxito el martes llevar una carta de renuncia a Morales para que la firmara. 

Camacho, quien ha dicho que insistirá en hacerle llegar la misiva al mandatario, pidió también la intervención de los militares en la crisis política, y ha convocado a paros que han generado pérdidas por 167 millones de dólares en 15 días, según datos oficiales. 

A su vez, organizaciones de mineros y campesinos se han movilizado para apoyar la continuidad del mandatario izquierdista indígena, en el poder desde 2006, quien alega haber ganado limpiamente las elecciones del 20 de octubre. 

Ante este panorama, el analista político Iván Arias afirma que "es un momento muy difícil, un momento donde tiene que ponerse paños fríos a la situación". Por ahora los embates contra la paz social no dan pausa. 

"Los que tienen que tomar medidas son los partidos políticos y los comités cívicos de la oposición, y el gobierno tiene que decirnos también hasta dónde está dispuesto a jalar la pita (ceder)", sostiene Arias.

Morales "tiene que poner las cartas sobre la mesa. ¿O quiere realmente confrontación?", agrega Arias, quien propone una "cumbre" entre los líderes políticos rivales.

Manifestantes opositores bloquearon durante toda la semana que culmina calles y ocuparon oficinas públicas en la zona sur de La Paz, mientras en Cochabamba se registraron choques entre leales y adversarios de Morales.

También hubo enfrentamientos entre manifestantes opositores y la policía el martes en la noche en el centro de La Paz, que se ha convertido en el epicentro del conflicto político.

Así, el panorama en esta ciudad, centro político del país, fue durante toda la semana: transporte público restringido por bloqueos viales, oficinas estatales asediadas por opositores y el comercio a media máquina.

Las actividades en el centro de La Paz, ciudad con unos 800.000 habitantes, estaban en su mayoría paralizadas, igual que en la zona sur, donde reside la gente adinerada. En las barriadas populares el pulso fue casi normal, excepto por restricción en el transporte público.

Numerosas avenidas de los barrios del sur como Achumani, San Miguel, Calacoto y Obrajes fueron bloqueadas. Únicamente el teleférico, de propiedad estatal, circuló con normalidad en sus diez líneas cubriendo gran parte de la ciudad y uniendo a La Paz con la vecina El Alto. 

El ejecutivo de los hospitales públicos, Juan Carlos Meneses, reportó que los opositores "afortunadamente no están impidiendo el acceso a los hospitales" ni limitando el paso de ambulancias, como ocurrió hasta el jueves.

Las protestas, que comenzaron hace 17 días en Santa Cruz, la región del oriente y pulmón del desarrollo nacional con su riqueza gasífera y agropecuaria, se irradiaron paulatinamente hacia todo el país y, por primera vez, se masificaron el viernes en La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo.

En torno a la Casa Grande del Pueblo, la torre donde Morales tiene su despacho en el centro de La Paz, existe un gran dispositivo de seguridad a dos cuadras a la redonda para impedir el paso de manifestantes que, especialmente en la noche, la asedian constantemente.

El edificio de 29 pisos contiguo al Palacio Quemado, la histórica casa de gobierno, es además custodiado por piquetes de mineros y campesinos afines al mandatario izquierdista indígena.

"¿Quién se cansa?, nadie se cansa. ¿Quién se rinde?, nadie se rinde. ¿Evo de nuevo?, huevo carajo!", es el estribillo que se escucha en los puntos de bloqueos viales, donde sobre todo jóvenes y mujeres tendieron horizontalmente cordones con banderas bolivianas para cerrar el tránsito vehicular.

Paradójicamente, excepto el párrafo final, el estribillo fue creado por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que Morales fundó en los años 90, y que fue estrenado en la campaña de las elecciones del pasado 20 de octubre. Desde entonces, las protestas para denunciar un "fraude" en los comicios no cesan. Los liderazgos regionales de derecha escalaron el conflicto y ahora piden la dimisión de Morales, que gobierna desde 2006.

 ¿Concertación?

A pesar de la escalada del conflicto, el académico y exlegislador Carlos Borth cree que es posible resolver la crisis mediante el diálogo.

"Los caminos de la concertación son difíciles, pero suelen darse cuando en la sociedad hay el riesgo de ir más allá de lo tolerable", dice.

Al igual que Arias, Borth cree que debe instalarse "una mesa de concertación" convocada por Morales, con participación de líderes políticos y dirigentes cívicos, sobre todo Camacho.

También deberían participar, según el académico, el grupo civil Conade, que con Camacho es de los más radicales, así como políticos como el expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005), segundo en los comicios.

Camacho planteó un pliego de cuatro puntos: no a la auditoría de los comicios que lleva a cabo la OEA, nuevas elecciones, nuevo tribunal electoral y la renuncia de Morales.

Otros sectores opositores radicales también piden nuevas elecciones, pero sin Morales ni Mesa, los dos candidatos más votados.

Morales aceptó que la Organización de Estados Americanos (OEA) audite el resultado de las elecciones, labor que debe terminar en unos quince días, pero ni Camacho ni Mesa apoyan esta verificación internacional.

La socióloga y exparlamentaria Marcela Revollo cree que un primer paso de acercamiento debe ser "nombrar un nuevo órgano electoral con personas creíbles, confiables", que puedan organizar nuevas elecciones.

Si ello no ocurriera "tendríamos, primero, un conflicto agravado", advierte.

"O, en su caso, tendremos a un gobierno que derrota a su comunidad a través de la violencia, usando las fuerzas armadas, usando la policía y será por el tiempo que le dure el gobierno, un gobierno inconstitucional, ilegítimo", señala Revollo.

En cualquier caso, "un cambio de gobierno en Bolivia no será fácil, ya que Morales sigue siendo muy popular después de 13 años de algunas de las políticas económicas más exitosas del hemisferio", advierte en un informe el Center for Economic and Policy Research (Centro de Investigaciones Políticas y Económicas), con sede en Washington.