TRES fallos trascendentales, en menos de una semana, emitió la Corte Suprema de Estados Unidos, dos de ellos en temas de alto impacto para la ciudadanía como son el derecho a portar armas y la derogatoria del ‘derecho’ al aborto que se había contemplado en la sentencia de Roe vs. Wade (1973) y ratificado en la posterior Planned vs. Casey (1992).

"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría del alto tribunal que aprobó la sentencia que, por la razón anteriormente expuesta determina que “Roe v. Wade" debe ser anulada".

Tras ese voto histórico, de inmediato no menos de 15 estados prohibieron desde el mismo viernes las interrupciones del embarazo en sus territorios, mientras que las regiones lideradas por los progresistas o demócratas anunciaron una ofensiva para “defender ese derecho que tienen las mujeres”.

Tras hacer una minuciosa revisión a los textos constitucionales y a las mencionadas sentencias, todos los magistrados del máximo tribunal coincidieron en que “no se puede demostrar que un derecho constitucional al aborto tenga algún fundamento, y mucho menos uno profundamente arraigado en la historia y la tradición de esta Nación”.

Bajo ese argumento jurídico, la sentencia indica que “es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo, a los parlamentos locales”. Y, en tal sentido, Alito quien fungió como magistrado ponente reiteró lo de semanas atrás, cuando Político filtró el borrador de la misma, que corresponde a los legisladores y no a los tribunales prohibir, restringir o permitir la interrupción del embarazo.

En esa ocasión también dijo que recae sobre el ciudadano, con su voto, pronunciarse sobre ese tema al escoger a los legisladores que los representaran en cada estado.

Al reaccionar al fallo, el presidente Joe Biden denunció un "error trágico" que "pone en peligro la salud y la vida de las mujeres" y llamó a los estadounidenses a defender el derecho al aborto y demás libertades individuales en las urnas, haciendo referencia a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre, en las que su partido, demócrata, corre el riesgo de perder la escasa mayoría que tiene en la Cámara y la paridad en Senado.

Concretamente la sentencia del viernes se basó en una ley de Misisipi que se contentaba con reducir el límite de tiempo legal para abortar. Desde la vista judicial de diciembre, varios jueces habían insinuado que tenían la intención de aprovechar la oportunidad para revisar la jurisprudencia de la Corte.

Desde el mismo viernes decenas de estado con mandatarios conservadores prohibieron la interrupción del embarazo y anunciaron leyes para establecer excepciones en casos específicos. Así, clínicas de Misuri, Dakota del Sur o Georgia que practicaban abortos cerraron sus puertas y, en contraposición, en las regiones demócratas como California o Nueva York, se comprometieron a defender el acceso a la interrupción del embarazo.

El jefe de la corte, el conservador moderado John Roberts, mantuvo una "posición más ponderada", en nombre de la "moderación judicial". Era partidario de dar la razón a Misisipi y revisar los plazos para abortar sin tumbar Roe v Wade. Sin embargo el fallo se adoptó por mayoría. 5 a favor y 3 en contra.

Trece estados, principalmente del sur y el centro -los más religiosos y conservadores-, han adoptado en los últimos años las llamadas leyes "zombie" o "gatillo", redactadas para entrar en vigor automáticamente si la Corte Suprema cambiaba la jurisprudencia, tal cual ocurrió.

Esas leyes prohíben el aborto con matices: por ejemplo, Idaho prevé excepciones en caso de violación o incesto; Kentucky solo en caso de peligro para la vida de la mujer embarazada; Luisiana contempla hasta diez años de prisión para los profesionales de la salud; Misuri hasta 15 años.

En algunos estados, como Dakota del Sur, debían entrar en vigor "el día" de la decisión. En otros, como Arkansas o Misisipi, el fiscal general primero tendrá que confirmar que la Corte ha cambiado el marco legal.

Finalmente, en los casos de Texas o Tennessee, ambos disponen de un plazo de 30 días entre la publicación de la sentencia y la entrada en vigor de la nueva prohibición.

Otros cuatro estados (Georgia, Iowa, Ohio y Carolina del Sur) tienen leyes que prohíben los abortos tan pronto como se percibe el latido del corazón del embrión, alrededor de las seis semanas de embarazo, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas.

Según el Instituto Guttmacher, un centro de investigación que hace campaña por el acceso a la anticoncepción y el aborto en todo el mundo, la mayoría de los estados prohibirán el aborto a más o menos corto plazo.

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Sí a portar armas

Solo un día antes de este fallo histórico, ese alto tribunal emitió otra sentencia de alto impacto: reafirmó el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en público.

El fallo de 6 votos contra 3 anuló una ley de Nueva York que databa de 1913 que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas e impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse.

El alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la segunda enmienda de la Constitución garantiza desde 1788 el derecho a poseer y portar armas. Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la Segunda Enmienda.

El juez Clarence Thomas, que redactó la decisión en nombre de la mayoría de la Corte, dijo que "las Enmiendas Segunda y Decimocuarta protegen el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar".

"El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho de la Segunda Enmienda de poseer y portar armas en público para la autodefensa", agregó.

Otro juez que respaldó el fallo, Samuel Alito, desestimó los argumentos de que las armas de fuego fuera de los hogares generan una gran violencia, incluso cuando se trata de tiroteos masivos.

Los tres magistrados liberales del tribunal discreparon. "Muchos estados han tratado de abordar algunos de los peligros de la violencia con armas (...) aprobando leyes que limitan, de varias maneras, quién puede comprar, portar o usar armas de fuego de diferentes tipos", dijo el juez Stephen Breyer.

"Hoy, la Corte impone una gran carga a los esfuerzos de los estados para hacerlo", agregó.

Portar ilegalmente un arma cargada a las afueras de la casa de alguien o de un establecimiento ha sido un delito que se castiga con más de 15 años de prisión.

En su fallo, la Suprema Corte dijo que estaba "establecido" por la ley que las armas podrían ser prohibidas en "sitios sensibles" como escuelas, edificios de gobierno, puestos electorales o tribunales.

Sin embargo, los magistrados dejaron en manos de las cortes inferiores la determinación exacta sobre otros sitios que se puedan añadir a la lista.

El fallo de la Suprema Corte tendrá impacto inmediato en los cinco estados con leyes similares a las de Nueva York, como California, Nueva Jersey, Maryland, Massachusetts y Hawái, además de Washington, la capital del país.

Separación de iglesia y Estado

La otra importante decisión del alto tribunal tuvo que ver con el muro que separa a la iglesia del Estado y que representa uno de los principios fundamentales de Estados Unidos.

Sonia Sotomayor, una de los tres jueces liberales de la Corte Suprema, acusó a sus colegas de la mayoría conservadora de derribar esa frontera. Fue muy clara en su desacuerdo con el fallo del martes del tribunal de nueve miembros, que afirma que el estado de Maine no puede negar fondos públicos a las escuelas religiosas.

"No hay nada neutral en el programa de Maine", escribió el presidente del alto tribunal, John Roberts, en una opinión a la que se sumaron los otros cinco jueces conservadores.

"El Estado paga la matrícula de cientos de estudiantes de escuelas privadas, siempre y cuando no se trate de escuelas religiosas. Eso es discriminación contra la religión", dijo Roberts.

Sotomayor, quien fue nombrada a la Corte Suprema por el presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), fundamentó la postura en contra del fallo. "Cuánta diferencia hacen cinco años", señaló, al evocar que, "en 2017, temía que la Corte nos estuviera llevando (...) a un lugar donde la separación de la iglesia y el Estado fuera un eslogan constitucional, no un compromiso constitucional'“.