EL GOBIERNO español de Pedro Sánchez celebró un excepcional consejo de ministros en Barcelona, que los independentistas tacharon de "provocación" y recibieron con protestas que se saldaron con carreteras cortadas, manifestaciones y algunos enfrentamientos con la policía.

"Lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña" y Barcelona, dijo la portavoz del ejecutivo socialista, Isabel Celaá, al concluir el consejo de ministros.

Sánchez quiso celebrar este consejo en Barcelona para rebajar tensiones con el ejecutivo regional catalán, en manos de los independentistas. El jueves mantuvo un encuentro con su jefe, Quim Torra, que según Celaá buscó "encauzar políticamente la salida del conflicto en Cataluña", el cual tuvo su corolario en la fracasada tentativa de secesión del año pasado.

La acogida del independentismo fue hostil, con manifestaciones pacíficas pero también choques entre separatistas y policías que se saldaron con doce detenidos y 51 heridos, 30 de ellos agentes, según las autoridades regionales. 

Durante la jornada, manifestantes encapuchados lanzaron contenedores, piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes, constató la AFP. En uno de los incidentes, estos replicaron con pelotas de gomaespuma.

Con lemas como "desbordémoslos" o "seremos ingobernables", distintos grupos independentistas habían convocado acciones para bloquear Barcelona.

Desde el amanecer, los activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron una decena de carreteras en Cataluña, entre ellas importantes autopistas como la AP7 y la A2, que comunican la región con Francia y Madrid. También cortaron importantes vías de acceso a Barcelona, luego reabiertas, según el servicio regional de tráfico.

"Es difícil saber qué va a pasar mañana. Pero aquí estamos, mostrando fuerza, en calma", dijo a la AFP Carles Serra, un empleado textil de 45 años que participó en una manifestación pacífica de miles de independentistas frente a la Estación de Francia, cerca de donde estaba reunido el consejo de ministros.

El excepcional consejo se celebró en el palacio de la Llotja de Mar, cerca del litoral mediterráneo, en medio de un fuerte dispositivo policial destinado a mantener alejados a los manifestantes.

En él se aprobaron para el año próximo dos medidas de fuerte calado social, que serán adoptadas por decreto: un incremento del salario mínimo del 22%, y una subida de los sueldos de los funcionarios del 2,25%.

Igualmente hubo guiños a Cataluña. El gobierno decidió que el aeropuerto de Barcelona-El Prat pasará a llamarse "Josep Tarradellas", en honor del que fuera presidente catalán en el exilio durante el franquismo, y primer presidente regional con la democracia.

El gobierno de Sánchez también condenó el consejo de guerra que en 1940, en la dictadura franquista, decidió el fusilamiento de Lluís Companys, ex presidente catalán que en 1934 proclamó infructuosamente la independencia.

"Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto (...) a lo mejor no hacía falta, con todo el coste que ha supuesto", le reprochó la portavoz del gobierno regional, Elsa Artadi.

El consejo de ministros se produce tras la reunión el jueves en Barcelona entre Sánchez y el presidente catalán Quim Torra, quien no ceja en su ambición de alumbrar algún día una República catalana independiente de España.

Tiene lugar, además, un año después de unos comicios regionales que revalidaron la mayoría separatista en el Parlamento regional, disuelto en octubre de 2017 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy tras una infructuosa declaración unilateral de independencia.

Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a "un diálogo efectivo" para "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica".

El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, dijo que "parecía una cumbre entre dos gobiernos de dos países distintos", y lo tachó de "acto de traición a España".

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, respondió a las críticas de la derecha afirmando que el derecho a la autodeterminación planteado por Torra "no existe". "No cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de no resolver el problema de fondo", apostilló.