Rusia y China vetaron el jueves un proyecto de resolución estadounidense en la ONU que urgía a celebrar elecciones "justas" en Venezuela, pero una contrapropuesta de Moscú también naufragó al no cosechar los votos necesarios.
Las fracasadas votaciones dejaron en evidencia la división entre las potencias mundiales en la ONU sobre qué camino seguir en Venezuela, sumida en una grave crisis política y con su economía en colapso.
El texto estadounidense, que también pedía el ingreso "sin trabas" de ayuda humanitaria, recibió el apoyo de nueve de los 15 miembros del organismo, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Alemania, Perú y República Dominicana.
Hubiera bastado para aprobarlo, si no fuera por el doble veto de China y Rusia. Sudáfrica votó en contra, mientras Indonesia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil se abstuvieron.
El texto ruso, que expresaba inquietud por "amenazas del uso de la fuerza" en Venezuela, obtuvo solo cuatro votos a favor (Rusia, China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial), siete en contra y cuatro abstenciones.
"Una clara mayoría"
"Lamentablemente, al votar contra esta resolución algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a (Nicolás) Maduro y sus cómplices y prolongando el sufrimiento de los venezolanos", lamentó en el Consejo el representante estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams.
El alto diplomático estadounidense celebró no obstante que "una clara mayoría" haya votado a favor.
"¿Estamos hablando de días, de semanas, de meses" antes de que se vaya Maduro?, preguntó Abrams a periodistas tras la votación. "Esperamos que sea lo menos posible".
Alentado por Washington, el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento que se autoproclamó presidente interino hace un mes y es reconocido como tal por más de medio centenar de países, desafía la legitimidad de Maduro.
"Estados Unidos parece haber olvidado lo que es el derecho internacional (...) Esto es una cortina de humo, lo único que desean es que haya un cambio de gobierno (...) disfrazado de asistencia para la gente", dijo por su lado el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia. "Todos ya vimos esto en Libia, Irak, Siria, Afganistán".
El número dos chino en la ONU, Wu Haitao, sostuvo por su lado que "las cuestiones de Venezuela deben ser decididas por el pueblo venezolano".
El embajador de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció tras la votación el "masivo robo de más de 30.000 millones de dólares" al pueblo venezolano por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que han congelado sus activos.
Esos países "se presentan como salvadores" y al mismo tiempo "están robando, saqueando nuestros ahorros bancarios y reservas", dijo Moncada a periodistas.
El texto estadounidense aseguraba que el gobierno de Maduro ha provocado un "colapso económico", que es necesario impedir un mayor deterioro de la crisis humanitaria y llamaba al "ingreso sin trabas de ayuda".
También urgía a celebrar "elecciones libres, justas y creíbles" en presencia de observadores internacionales y describía la última elección de Maduro en mayo pasado como "ni libre ni justa".
"Intentos de intervención"
El texto de Rusia expresaba inquietud por "las amenazas de uso de la fuerza" en Venezuela e "intentos de intervención en asuntos" internos del país, apoyaba una "solución política" y "pacífica" de la crisis e insistía en que el gobierno de Maduro es el único que tiene autoridad para solicitar ayuda y coordinar su ingreso y distribución.
Rusia pretende "proteger a un régimen que quiere matar de hambre a su pueblo", dijo el embajador francés ante la ONU, François Delattre.
Aseguró que el texto ruso no admite la existencia de una crisis humanitaria en el país ni ofrece "ninguna solución".
Abrams volvió a insistir en que Estados Unidos está preocupado por la seguridad de Guaidó cuando regrese a Venezuela.
Guaidó, que se reunió el jueves en Brasilia con el presidente Jair Bolsonaro, aseguró que volverá a su país "en los próximos días, a pesar de las amenazas".
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y una escasez de alimentos y medicamentos que ha provocado el exilio de 2,7 millones de personas desde 2015.