ISABEL II se vio arrastrada por el huracán político del Brexit al tener que aprobar la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el parlamento británico, un acto eminentemente político para una monarca con un rol tradicionalmente neutral.

La monarca, de 93 años, aprobó la decisión de Johnson de suspender las labores del parlamento entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, es decir poco antes de la fecha prevista para la salida británica de la Unión Europea, el 31 de octubre.

Esta decisión provocó un huracán político, porque deja apenas sin tiempo a los numerosos diputados contrarios a un Brexit sin acuerdo para intentar impedirlo si el gobierno no logra renegociar un acuerdo de salida con Bruselas.

Tras dos aplazamientos de un Brexit inicialmente programado para marzo de 2019, el cáustico primer ministro de la indisciplinada cabellera rubia ha prometido que el país saldrá del bloque con o sin acuerdo en la fecha prevista.

Los expertos en derecho constitucional afirman que la reina no tenía otra opción que aprobar la petición. El Reino Unido es una monarquía constitucional, así que la soberana puede ser consultada, advertir o alentar, pero solo puede actuar siguiendo el consejo de sus ministros. 

"Es la regla más antigua de la constitución" británica, dice a la AFP Robert Craig, de la universidad de Durham.

Dicho de otro modo: la reina reina, pero el primer ministro gobierna. Isabel II corre no obstante el riesgo de encontrarse próximamente nadando en aguas peligrosas, señala Mike Gordon, profesor de derecho constitucional de la universidad de Liverpool.  "Se encuentra en una situación complicada porque se vio arrastrada al debate político más divisivo del país", afirma.

Los opositores a Boris Johnson intentan legislar para impedir una salida de la UE sin acuerdo.

Si lo logran, "puede que el gobierno le pida que no dé su aprobación y entonces estaremos en un territorio constitucional delicado", señala Gordon. "La convención según la cual debe dar su aprobación al parlamento entrará en conflicto con la que dice que debe seguir el consejo de sus ministros", explica.

La constitución británica no está escrita y se basa en precedentes y convenciones. La última monarca que se negó a aprobar una ley fue la reina Ana en 1708.

Isabel II, en el trono desde 1952, tiene el récord de longevidad de los monarcas y, como la más experimentada, es probablemente también la que mejor conozca sus deberes.

Pero su papel de jefa de Estado, contrariamente a los países donde juegan un rol político activo, se limita a ratificar las decisiones de los responsables electos.

Su neutralidad es tan perfecta que nadie sabe qué piensa la reina sobre las grandes cuestiones políticas que agitan al país.

Única excepción reciente: el referéndum de 2014 sobre la independencia en Escocia.

"Espero que la gente reflexione con mucho cuidado sobre el futuro", dijo, expresando una preocupación que fue inmediatamente interpretada como una hostilidad a la independencia de parte de su reino.

Sobre el Brexit, otra cuestión en que el país se juega su futuro, no dice ni mu. Así que los observadores se tienen que contentar con comentar el color de su sombrero para ver en él una toma de posición cuando lleva el azul y el amarillo de la bandera europea.

La oposición considera que Johnson utilizó injustamente sus poderes como primer ministro al involucrar astutamente a la monarca en la crisis del Brexit.