El presidente chileno Sebastián Piñera anunció este miércoles una reforma para facilitar la remoción de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía, una semana después de que su orden para remover al jefe policial tuvo que ser ratificada por el Congreso.
"Creo que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros tienen que estar subordinados al poder civil y cuando el presidente les pide la renuncia tienen que renunciar en el acto", dijo Piñera en una entrevista con el programa Bienvenidos de Canal 13, al anunciar la modificación que entrará en los próximos días al Parlamento.
El mandatario debió enviar esta reforma al legislativo tras el inédito suspenso que se generó la semana pasada, cuando el jefe de Carabineros, Hermes Soto, se negó a renunciar después de que Piñera lo destituyera. El alto oficial quedó en posición complicada al conocerse nuevas revelaciones sobre el asesinato hace más de un mes de un joven mapuche a manos de las fuerzas especiales desplegadas en la conflictiva región de la Araucanía.
Soto, que había asumido en marzo, fue removido de su cargo el día después de la difusión de nuevos vídeos del operativo policial que terminó con la vida del joven Camilo Catrillanca, y que muestran que el indígena fue abatido sin mediar ningún enfrentamiento, a diferencia de la versión inicial entregada por la Policía.
Pero Soto se negó a dejar voluntariamente el cargo, obligando a una inédita ratificación de la decisión gubernamental por parte del Congreso el viernes pasado.
La inamovilidad de los comandantes en jefe fue impuesta por la dictadura del difunto general Augusto Pinochet (1973-1990) y estuvo vigente hasta el año 2005, cuando el expresidente socialista Ricardo Lagos firmó una serie de reformas a la Constitución política del país, para acabar con los llamados 'enclaves' legados del régimen.
Sin embargo, si bien se le otorgó al presidente la facultad de remover a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía, en caso de que éstos se negaran a renunciar, la decisión oficial debe ser fundamentada ante el Congreso y aprobada.