EL REFERENDO para que los ecuatorianos avalen o rechacen, entre otras, nuevas herramientas para enfrenar el narcotráfico y su implacable violencia, tiene a su vez un trasfondo político de alto impacto para la centro-derecha en este país, actualmente liderada por el novel presidente Daniel Noboa.

Más allá de las once preguntas a contestar, cinco de las cuales implican reformas a la Constitución que entró en vigencia en 2008, el resultado de las urnas será un ‘examen’ a la gestión de Noboa, así como una especie de primarias ‘no declaradas’ con el ojo en el 2025, cuando debe surtirse la elección presidencial.

No hay nombre alguno en la papeleta de este referendo-consulta popular, en el que se plantea el respaldo a temas tan claves para enfrentar el azote del narcotráfico, pero una respuesta contundente por el ‘Sí’ implicará un espaldarazo al actual mandatario quien, elegido para completar el mandato de Guillermo Lasso (mayo del 2025), ya oficializó su anhelo reeleccionista. Y, de paso, decantaría el abanico de posibles aspirantes presidenciales de la centro-derecha, reconociéndose al joven gobernante como su líder.

En contrario, si el resultado es mayoritario por el ‘No’, se afectaría la imagen y el liderazgo de Noboa, al igual que complicaría su ‘Plan Fénix’, la política de mano dura contra el crimen organizado y por el que declaró el conflicto armado interno.

La izquierda ecuatoriana, que se mantiene liderada desde Bélgica por el autoexiliado Rafael Correa para evitar una condena judicial, argumenta que Noboa acudió a este mecanismo plebiscitario para legitimar su gobierno y fortalecer su candidatura a la reelección. Así, lo han tildado de “trampolín electoral” en el que pide el apoyo del constituyente primario a su estrategia de seguridad.

Algunos analistas, como Franklin Ramírez, de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), consideran que por razones que van desde la necesidad hasta la comunicación política, Noboa en sus ‘cálculos políticos’ consideró un referendo casi desde el mismo momento en que llegó al Palacio de Carondelet y que, “dentro de esta la lógica electoral, el mandatario ha intentado transmitir una imagen de mano dura y carácter fuerte” en su lucha contra la narco-violencia.

Independientemente de que hoy sea una “prueba de fuego” política para el presidente de Ecuador, es cierto que el país necesita herramientas más efectivas para combatir el narcotráfico que, amén de su millonario negocio ha incrementado la guerra por el poder entre sus carteles, iniciada en el interior de las cárceles y luego extendida a las calles, disparando los homicidios, extorsiones y amenazas a los pobladores.

Estos datos dan una idea de la magnitud del problema: las matanzas en cárceles han dejado más de 460 víctimas fatales desde 2021 y los asesinatos, entre 2018 y 2021 se cuadruplicaron en el país. El pasado fue el año más violento, con unos 7.500 homicidios y una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia y de América Latina.

La violencia política también se disparó: desde enero de 2023, al menos 15 políticos fueron asesinados. El caso más sonado fue el del presidenciable Fernando Villavicencio, acribillado en agosto por sicarios colombianos al salir de un evento de campaña, mientras que el más reciente fue este viernes, el de Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, una localidad minera del sur del país.

Este fue el segundo alcalde ecuatoriano asesinado en menos de una semana, ya que dos días antes fue ultimado José Sánchez, quien regía los destinos de la también localidad minera Camilo Ponce Enríquez, mientras semanas atrás fue baleada mortalmente Brigitte García, la joven mandataria (27 años) de la costera San Vicente.

En medio de esta imparable violencia, los ecuatorianos enfrentan otras dos crisis, una internacional y otra energética. La primera, por el asalto policial de la embajada mexicana en Quito, a comienzos de este mes, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), indagado por corrupción.

Noboa señala que tiene "cero arrepentimientos" por la incursión en la legación, que le costó al país una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y una inédita crisis diplomática con México.

La otra es la energética, generada por la grave sequía y que por inacción provocó la caída de la ministra de Minas. La situación es tal que se suspendió la jornada laboral por dos días y se realizan cortes de energía de no menos de 13 horas. El gobierno Noboa atribuye la actual crisis, más que al clima, a la corrupción y aduce –aunque sin señalar responsables– un sabotaje para la jornada electoral.

"Han querido fregarnos con el sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia, y han tratado inclusive con presión internacional de sancionarnos a nosotros como país (...) porque están nerviosos. El domingo va a ganar el Sí", dijo Noboa a comienzos de esta semana.

Lo que se vota

El Ejecutivo admite el escenario adverso para esta jornada electoral, pero se muestra confiado en ganar la consulta, como lo vaticinan algunas encuestas. El sondeo realizado por Cedatos, entre el 8 y el 11 de abril, arrojó que un 55 % de los ecuatorianos votará a favor de soportar las leyes contra el narcotráfico, mientras que en la de Comunicaliza ese porcentaje es de 43 %, pero como indecisos se declararon un 28 %.

Cerca de 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están convocados a votar Sí o No, una a una, las once preguntas planteadas el presidente Daniel Noboa, que van desde la aprobar la extradición y ampliar la operatividad de los militares, hasta dar luz verde al trabajo por horas.

Esa iniciativa ya fue impulsada por el exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023), pero fue rechazada en un referendo celebrado en febrero pasado junto a elecciones locales.

La primera pregunta es precisamente sobre avalar la entrega de connacionales a otros países, pero a diferencia de la que sometió a consulta el entonces presidente Lasso, tiene una modificación jurídica, dejando en claro que estará excluida para las naciones donde se aplican la pena de muerte y otros castigos crueles, así como para delitos políticos, exceptuándose terrorismo y delitos de lesa humanidad establecidos en convenios internacionales.

A renglón seguido se indaga sobre la posibilidad de ampliar la misión de las Fuerzas Armadas, dándoles desde el control de acceso a las cárceles y que puedan usar el armamento incautado a los criminales, hasta un rol permanente en el combate al crimen organizado, lo que evitaría estar declarando estados de excepción.

Otra pregunta promueve la aplicación de la extinción de dominio, con la que el gobierno espera despojar a criminales de bienes obtenidos de manera ilícita y que asegura es uno de los mayores clamores ciudadanos.

También se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo en que se incrementen las penas para los delitos de terrorismo y su financiación; la producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; la delincuencia organizada, el asesinato, el sicariato, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas, el lavado de activos y la actividad ilícita de recursos mineros. Su aprobación implica una reforma al Código Orgánico Integral Penal.

La posibilidad de privar de cualquier beneficio penitenciario a los condenados por financiación del terrorismo, reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción de drogas, minería ilegal, tenencia y porte ilegal de maras, extorsión, tráfico de influencias, ofrecimiento de tráfico de influencias y testaferrismo, será otro de los planteamientos a respaldar o denegar, al igual que la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, que se encargue de ver recursos como la acción de protección y el ‘habeas corpus’.

Es altamente probable que los anteriores cuestionamientos y los que se refieren a mayor seguridad reciban un apoyo mayoritario en las urnas, mas no así los que se realizan sobre el trabajo por horas y reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales.

El planteamiento gubernamental es para flexibilizar la contratación laboral con acuerdos temporales y por horas, con el argumento de que ello generará nuevos empleos y, de paso, frenará la migración irregular, especialmente a Estados Unidos.

Los sindicatos y la poderosa organización indígena Conaie se oponen a esa propuesta, tal cual lo hicieron en el pasado cuando protagonizaron revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005. Coinciden en señalar que ello aumentará la precariedad laboral.

En este referendo también se propone reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales, arguyendo que así se dará mayor seguridad jurídica, ítem clave para atraer la inversión extranjera.

Como se ve, Noboa se somete a una triple prueba de fuego: a su gestión, su guerra al narco y su apoyo político para el 2025.