El presidente Martín Vizcarra afianzó su poder al disolver el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.

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El presidente peruano, Martín Vizcarra, afianzaba el martes su poder al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, de la cúpula militar y de los gobernadores regionales, al día siguiente de disolver el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.

El popular mandatario peruano disolvió el parlamento invocando normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.

El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.

Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras. 

Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.

Vizcarra ha ganado popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht. 

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.

Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.

Aráoz, economista y exministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada el lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea.

"No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias", dijo Aráoz, quien se había distanciado de Vizcarra y quien calificó como "inconstitucional" la disolución del Congreso.

Casi a la misma hora en que juraba Aráoz los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaban su lealtad a Vizcarra.

"El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra", dijo el gobierno en Twitter con una fotografía de la reunión.

También expresaron su apoyo a Vizcarra una decena de gobernadores regionales, algunos de los cuales participaron en las celebraciones para festejar la disolución.

Los jefes parlamentarios habían convocado un plenario para la madrugada de este martes, pero lo suspendieron en el último minuto sin dar razones.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 18 miembros, la mayoría opositores. El mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.

La crisis política se gestó hace tres años en Perú cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori, quien ahora está en prisión preventiva por el escándalo de Odebrecht.

Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018. Fue sustituido por Vizcarra, quien era su primer vicepresidente. La segunda era Mercedes Aráoz.

A diferencia de su antecesor, Vizcarra se enfrentó enérgicamente al Congreso.

- ¿Hay golpe? -

Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.

La decisión de Vizcarra abrió un debate sobre la constitucionalidad de su decisión.

“Acá la Comisión Permanente del Congreso continuará funcionando hasta que se produzca las elecciones parlamentarias (...). Lo que está claro es que aquí no hay golpe de Estado”, declaró el excanciller Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero un exjefe del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, afirmó que "el Congreso tiene que vacar (destituir) a Vizcarra pues la decisión del mismo de disolver el Congreso es inconstitucional".

Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.