UNA resolución del Parlamento Europeo insta al gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, a que proporcione pruebas de vida del obispo católico Rolando Álvarez, al tiempo que demandó que la Unión Europea incluya al presidente de ese país centroamericano en la lista de sancionados.
El documento aprobado en el Parlamento Europeo, sin carácter vinculante, demanda "que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo", y refuerza el "llamamiento en favor de su liberación inmediata e incondicional" así como la "todos los presos políticos".
En marzo, un órgano de prensa digital divulgó una fotografía y un video corto en que se puede ver al obispo Álvarez al recibir la visita de familiares en un penal próximo de la capital nicaragüense, Managua.
En febrero de este año, Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y además privado de su nacionalidad nicaragüense y sus ciudadanos derechos a perpetuidad.
El caso de Álvarez es motivo de tensiones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica, en un contexto en que las relaciones de Nicaragua con el Vaticano están al borde de la ruptura total.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó al nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
La resolución adoptada por los eurodiputados (la séptima de esta legislatura sobre Nicaragua) condena la "comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas" de derechos humanos en ese país.
Los legisladores también piden que la UE "amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano".
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La UE mantiene a 21 funcionarios nicaragüenses en su lista de sancionados.
El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua había sido adoptado en 2019 e apareció a seis personas, aunque la lista de sancionados fue aumentando gradualmente, incluyendo a hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Todas estas personas tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea resultando congelados.
Entre tanto, en la persecución del régimen contra los representantes de la Iglesia Católica, se informó que el presidente Ortega congeló varias cuentas bancarias personales de sacerdotes de distintas diócesis del país.
Esta medida fue denunciada vía Twitter por la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, quien ha expresado su preocupación por que esta acción "se extienda a más sacerdotes y laicos".
Molina ha asegurado que cuando algunos sacerdotes de las Diócesis de los municipios de Granada, Jinotega, Estelí y León intentan acceder a sus cuentas bancarias personales se encuentran con un mensaje que les advierte de que su "usuario estás bloqueado".
Así lo han confirmado desde al anonimato algunos de los sacerdotes afectados por el bloqueo al diario nicaragüense La Prensa. Por el momento, la banca no se ha pronunciado respecto a las restricciones denunciadas.
Desde 2018, se han registrado al menos 529 ataques del Gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia, según el informe "Nicaragua, ¿Una Iglesia perseguida?" publicado por Martha Patricia Molina. Del total, 90 ataques se han producido este 2023, atendiendo al mismo informe. /Resumen AFP
EL pasado marzo, el obispo católico Rolando Álvarez recibió la visita de sus familiares en el penal donde cumple una condena de 26 años tras ser privado de su nacionalidad por el régimen nicaragüense. /Archivo AFP