Centenares de manifestantes fueron detenidos durante las protestas convocadas ayer en Hong Kong, coincidiendo con el día en que debían haberse celebrado las elecciones parlamentarias locales y que el gobierno de Carrie Lam aplazó aludiendo a la pandemia. La elección del Consejo Legislativo es una de las pocas votaciones que se realizan en la excolonia británica.
La jefa del ejecutivo local, Carrie Lam, designada por China, había anunciado el 31 de julio la postergación por un año de estas elecciones, provocando la ira de la oposición, que deseaba expresar su rechazo al gobierno.
Centenares de policías antidisturbios fueron desplegados en el barrio de Kowloon para frustrar las protestas convocadas por Internet.
Durante la tarde, la policía fue abucheada por manifestantes, que gritaban “¡Devuélvanme mi voto!” y “¡Policías corruptos!”, en tanto que los agentes de seguridad realizaban numerosos arrestos, registros a la vez que ordenaban a la muchedumbre dispersarse.
Manifestación no autorizada
En un comunicado, la policía indicó que al menos 289 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas por participar en una manifestación no autorizada.
Una mujer fue arrestada en el marco de la nueva ley de seguridad impuesta a Hong Kong por Pekín, acusada de corear consignas pro-independencia, añadió la policía. Otras 270 han sido detenidas por reunión ilegal y otras por agresión a la Policía, obstrucción de la labor de las fuerzas de seguridad o por alborotos en espacio público. Los agentes antidisturbios han utilizado bolsas de pimienta en el distrito de Mong Kok y se han producido enfrentamientos en varias ocasiones.
Los vídeos transmitidos en vivo en las redes sociales mostraban cuando eran detenidas tres figuras destacadas del movimiento pro-democracia: Leung Kwok-hung, Figo Chan y Raphael Wong.
Estos arrestos se produjeron luego de que, más temprano en la jornada, también fuera arrestada otro activista pro-democracia, en su casa, por parte de la unidad policial encargada de la seguridad nacional, o sea, responsable de hacer cumplir la nueva ley.
Tam Tak-chi, locutor de radio, es acusado de “realizar comentarios sediciosos” al aire. La policía no precisó exactamente lo dicho por Tam, pero dio alguna explicación. “El señor que detuvimos esta mañana fue arrestado por pronunciar palabras sediciosas bajo la sección diez del Código Penal”, dijo el superintendente Li Kwai-wah, en referencia a la legislación vigente en el periodo colonial para juzgar declaraciones antigubernamentales.
Según Li, Tam fue detenido por un discurso en el que aseguró que “llevó al odio y al desprecio del gobierno y generó el descontento y la desafección entre los hongkoneses”.
Li dijo que la policía de seguridad nacional realizó la detención porque en una fase inicial de la investigación esta fuerza sospechaba que Tam había “incitado a la secesión”, según el artículo 21 de la ley de seguridad nacional.
“Pero después de recabar pruebas y consultar con el Departamento de Justicia, hemos decidido que es más recomendable utilizar el Código Penal”, dijo Li.
Por su parte, el gobierno hongkonés condenó “los actos ilegales y egoístas” de los manifestantes. “Actualmente, la prioridad para Hong Kong es unirse y luchar todos juntos contra el coronavirus (...)”, señaló un portavoz gubernamental.
China ha lanzado una amplia represión radical contra la disidencia hongkonesa después de siete meses consecutivos, el año pasado, de protestas gigantescas, y a menudo violentas, que sacudieron al importante centro financiero.
Las reuniones han sido prácticamente prohibidas para este año, mientras que las autoridades señalaron inquietud por la seguridad y medidas para combatir al covid-19.
Desde la entrada en vigencia de esta nueva ley draconiana -a finales de junio-, al menos 22 personas, incluido el magnate de la prensa, Jimmy Lai, y la famosa activista Agnes Chow, han sido arrestadas.
El viernes, relatores especiales de la ONU advirtieron que esta polémica ley supone un riesgo para las libertades y el derecho a manifestarse en la excolonia británica.
Las autoridades hongkonesas afirman que esta nueva legislación no ha afectado las libertades de expresión y de reunión garantizadas por el principio de “Un país, dos sistemas”, establecido durante la retrocesión, en 1997.