En lo esencial, los nuevos problemas de confrontación en Ecuador se enmarcan en el contexto de búsqueda de legitimidad concreta por parte del Estado. Se enraízan en los problemas de gobernabilidad que en general, afectan a casi todos los países latinoamericanos. Se trata de que los gobiernos deben ir más allá de los formalismos legales para su llegada al poder y logren credibilidad mediante la consecución de resultados que amplíen las capacidades de las personas e incrementen las oportunidades vía el empleo y el fortalecimiento de, especialmente, micro, pequeñas y medianas empresas.

El contexto en el cual se presentan estas nuevas protestas protagonizadas por las organizaciones indígenas se caracteriza por la ocurrencia de tres crisis prácticamente simultáneas. Las mismas tienen una presencia progresiva: (i) la crisis no superada del covid-19; (ii) la referente a lo económico, incluyendo problemas de abastecimiento, de alza generalizada en los precios de alimentos y energéticos; y (iii) los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

A partir de esos factores de contexto, se comprende que una de las demandas, por parte de los grupos en protesta, sea el congelamiento de los precios de los combustibles. Nótese en este sentido que Ecuador es un país exportador de petróleo y que por tanto el gobierno se debería beneficiar de los altos precios que actualmente tiene el crudo, superando los 110 dólares por barril. Esto parece bien para las cuentas del Estado, pero esos efectos no se ven reflejados en los bolsillos de grandes grupos sociales.

Y esa carencia de repercusiones no es poca cosa. Está muy estudiado en economía que un aumento en los combustibles tiene un efecto multiplicador, es decir repercute como un “efecto cascada” en los precios de prácticamente todos los demás servicios y bienes. A eso debe agregarse el componente especulativo que se presenta en los circuitos de los mercados domésticos. Todo ello lo que hace es disminuir el poder adquisitivo de grupos asalariados y contrae por tanto la demanda efectiva de los mercados.

La gente percibe ese estado de cosas y se resiste a los factores que la empobrecen. Lo que desean como mínimo son oportunidades y que al menos su poder adquisitivo no disminuya. Ese es el punto medular que debe comprenderse.  El gobierno, en este caso del presidente Guillermo Lasso (1955 -) parece no percatarse de la situación no sólo actual, sino de la dinámica en la que puede derivar.

Fue totalmente contraproducente haber detenido a Leonidas Iza, líder indígena de la protesta.  Esa detención, desde un inicio y tal y como se esperaba, no contribuye en nada a un clima de negociación y de acuerdo político.  Precisamente no se encamina al resultado que debe buscarse. Lo que ocurrió con esa detención y -a las 24 horas- la liberación de Iza, fue ser un factor de desgaste innecesario adicional para el gobierno. 

Al final se terminará imponiendo la negociación y los acuerdos. Inclusive el mandatario recibió el viernes a los representantes de los indígenas. Esas son las vías y no recurriendo, como generalmente ocurre en los Estados pre-modernos a la represión.

Es evidente, como parte mínima de los conceptos sobre resolución de conflictos, que las organizaciones indígenas desean “acumular fuerzas” para llegar a las negociaciones y de allí las acciones de paro. Por supuesto que todo ello debe estar enmarcado en procesos y contenidos legales y -como mínimo- evitar la destrucción de los bienes públicos.

Quienes protestan han planteado 10 elementos en sus demandas. Muchos de esos aspectos, como era de esperarse, se centran en componentes económicos. Sobresale el pedido de que -con márgenes de seis meses o de un año- se establezcan períodos de gracia para el pago de créditos por parte de campesinos, artesanos y pequeños comerciantes.

Este requerimiento es particularmente importante en las peticiones dado que el presidente Lasso es un banquero. Fue el sector financiero quien apoyó y respaldó su candidatura. Por tanto, el mandatario es representante de este sector en el ámbito productivo de todo país. De nuevo, el gobierno debe rescatar su iniciativa en la negociación, propiciar encuentros y cumplir acuerdos. De esa manera se fortalecerá la solución negociada -con disminución de costos- en la transacción que requiere la solución del conflicto.

A toda costa debería evitarse la continuidad de los choques. Allí pueden estar los ingredientes que desembocan fácilmente en la muerte de personas. Lo que es inadmisible.

Tal y como ocurre con estos escenarios de crisis y conflicto, es importante reconocer que se deben hacer cambios, planes de ajuste.  No hay duda de ello. Los problemas se centran en determinar sustancialmente: (i) fases de los procesos; (ii) costos de los mecanismos y soluciones secuenciales; y (iii) actores que pagarán por esos costos.

Que el gobierno pueda encaminar negociaciones basadas en esos puntos es algo importante para la resolución de los conflictos.  Pero para ello debe existir un mínimo de credibilidad y confianza.  Eso se logra a partir de generar resultados.  En ese sentido, las organizaciones que protestan insisten en señalar que el gobierno ha incumplido acuerdos que ya se habían establecido.

Con todo, lo que los gobiernos deben enfrentar es la consecución de legitimidad concreta; algo que va más allá de los mecanismos formales, electorales, que les permitieron llegar al poder. Los resultados para mejorar oportunidades hacia la población son indispensables. Ello, en el contexto de soluciones estables y sostenibles, dentro del marco de Derechos Humanos, respeto a la propiedad privada y reforzamiento incluyente de las instituciones.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

(El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna)