Una jueza brasileña prohibió al gobierno de Jair Bolsonaro conmemorar el domingo el 55º aniversario del golpe de Estado que en 1964 instauró una dictadura de 21 años en Brasil, una iniciativa propuesta por el propio mandatario ultraderechista.

La jueza Ivani Silva da Luz, de Brasilia, argumenta en su decisión que la iniciativa de Bolsonaro "no es compatible con el proceso de reconstrucción democrática" promovido por la Constitución de 1988 y que las fechas conmemorativas deben ser aprobadas por el Congreso

"Después de años de embates político-ideológicos de resistencia democrática y reconquista del Estado de Derecho, que culminaron en la promulgación de la Constitución Federal de 1998, se espera concordia, serenidad y equilibrio de las instituciones", escribió la magistrada.

El fallo, de carácter cautelar, dio satisfacción a la Defensoría Pública de los Derechos del Ciudadano (parte de la Fiscalía), que el martes identificó las reivindicaciones del golpe a "una apología de la práctica de atrocidades masivas".

Bolsonaro, quien a lo largo de su carrera como diputado exaltó la dictadura en numerosas ocasiones, encendió de nuevo la polémica al pedir a través de su portavoz que los cuarteles realizaran "las conmemoraciones debidas" del levantamiento militar del 31 de marzo de 1964, que derrocó al presidente Joao Goulart. 

El fallo podría no tener efectos prácticos, pues varias unidades militares anticiparon sus conmemoraciones y se ignora si hay actos previstos en los cuarteles el domingo.

Un trecho del orden del día leído el viernes en un acto castrense en Brasilia destaca: "Las Fuerzas Armadas participan de la historia de nuestra gente, siempre alineadas con su legítimas aspiraciones. El 31 de marzo de 1964 fue un episodio simbólico de esa identificación".

Un regimiento de Sao Paulo ya celebró también el jueves el aniversario, afirmando que las Fuerzas Armadas respondieron al "clamor" popular para frenar una "escalada hacia el totalitarismo".

Ante la controversia suscitada, Bolsonaro matizó el miércoles su anuncio, afirmando que la lectura de una declaración en los cuarteles no se proponía "conmemorar, sino rememorar" los hechos de 1964.

"Rever lo que está equivocado, lo que está acertado y usar eso para el bien de Brasil en el futuro", agregó. 

Cuestionado este viernes en una rueda de prensa sobre la decisión de la magistrada, el portavoz del gobierno, Otávio Rego Barros, respondió: "Lo que tenemos que decir ya lo dijimos de forma clara durante la semana. No tenemos nada más que añadir".

Según la Comisión Nacional de la Verdad, hubo durante la dictadura (1964-1985) 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos, así como centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados.

Esa cifra no incluye a centenares de víctimas de milicias contratadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por el Estado.

Documentos estadounidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.