Una iniciativa lanzada en Estados Unidos por los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin para aprobar por consenso un proyecto para dar a los venezolanos el Estatuto de Protección Temporal (TPS), que impide su deportación y les da permiso de trabajo, fracasó este martes.

"Lamento que nuestro colega de Utah objetara", dijo Menéndez tras no lograr que se aprobara el proyecto sin enmiendas, a pocos días de que el Senado inicie el receso estival que se extiende hasta septiembre. Después de ese descanso, la ley tendrá otra oportunidad en la Cámara Alta.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó por 272 votos a favor y 158 en contra el proyecto para dar esa protección migratoria a los venezolanos, pero la iniciativa tiene un futuro sombrío ya que los republicanos son mayoría en el Senado y el presidente estadounidense, Donald Trump, es contrario al uso del TPS. 

Creado en 1990 con fines humanitarios, el TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el gobierno de Estados Unidos a extranjeros presentes en su territorio que no pueden volver a su país de origen por desastres naturales o conflictos armados.

"Esta es una legislación que se necesita de forma urgente y que hubiera otorgado una protección temporal, este es un tipo de personas que necesita ser protegido", se lamentó Menendez citando el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denunció cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en el último año. 

"Hubo un contundente voto bipartidista en la Cámara de Representantes", destacó Menendez en su alegato. 

Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro cuya salida impulsan Estados Unidos y medio centenar de países, atraviesa una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, que según la ONU ha forzado en los últimos años la salida del país de unos 3,7 millones de personas.

La posibilidad de dar un TPS a venezolanos es complicada dada la dura política migratoria del presidente Trump, quien desde que asumió en 2017 ha buscado revocar este beneficio vigente, entre otros, para El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

En una entrevista con la cadena VOA la semana pasada, el emisario de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliot Abrams, se pronunció en contra de la posibilidad de ese estatuto de protección. 

Denuncian muertes en calabozos

De otra parte, la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad (UVL) indicó que en el primer semestre del año murieron 149 presos en 204 centros de detención preventiva ubicados en 16 estados del país.

Aunque la ONG no monitorea el estado Portuguesa, sí realizó un seguimiento al motín en la Policía de Páez, en Acarigua, hecho que dejó un saldo de 30 reos muertos y 27 heridos entre funcionarios y reclusos. 

“La tragedia en Polipáez, en Acarigua estado Portuguesa, es el evento más grave que se registró en el primer semestre de 2019 en los calabozos policiales y, además, nos advierte que situaciones similares se pueden registrar en cualquier centro de detención preventiva, pues ninguno de estos espacios cuenta con condiciones óptimas, ni personal calificado, para mantener a personas por más de 48 horas”, señaló el coordinador general de la organización, Carlos Nieto Palma. 

Los calabozos policiales y militares monitoreados tienen capacidad para albergar a 3.734 personas, pero en estos espacios hay recluidas unas 19.028 personas, lo que representa un hacinamiento del 509.58%.

El informe de la ONG añadió que “la convivencia de personas sanas con enfermas es una causa de contaminación permanente que está detrás de 20 muertes por enfermedades, la mayoría prevenibles y curables”. 

El criminólogo venezolano Luis Izquiel le dijo al medio El Universal que los detenidos deben estar en los calabozos por un tiempo máximo de 48 horas, pero hay casos de individuos que han estado en esos centros hasta 7 años.