Un conjunto de 30 naciones manifestaron su preocupación por la situación que vive Nicaragua desde hace cinco meses ante la Alta Comisionada de la ONU de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por medio de un documento firmado por Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Rumania, Reino Unido, Países Bajos, Paraguay, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Malta, Croacia, Eslovenia, Irlanda, Lituania, Bulgaria, Suiza, Chipre, Letonia, Islandia, España, Portugal; dichos países expresaron la necesidad de aclarar los hechos denunciados por presuntas violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
"Exigimos el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y arbitrarias, la negación del acceso a servicios médicos, la violación a las libertades de asociación y expresión pacíficas, la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas, estudiantes y manifestantes", indicó el pronunciamiento suscrito por países de América y Europa.
Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugieren que desde el 18 de abril han muerto 322 personas por cuenta de los ataques a los manifestantes que marchan contra el gobierno de Daniel Ortega.
Por su parte, La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) indica que van 481 fallecidos. Mientras que el presidente Ortega dice que perdieron la vida 195 individuos.
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El documento también instó a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua "en un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles".
La mesa diálogo instalada desde el 16 de mayo entre el oficialismo y la coalición opositora de la Alianza Cívica, compuesta por estudiantes y empresarios, aún no llega a buen puerto y constantemente es interrumpida.
Este grupo opositor exige que se adelanten las elecciones presidenciales del 2021 a marzo del 2019. Iniciativa que tiene el respaldo del 81% de los nicaragüenses, según la organización nicaragüense Ética y Transparencia.
Ortega rechaza esta medida alegando que es una estrategia entre Estados Unidos y la Alianza Cívica para atestarle un golpe de Estado a su Gobierno.
Cabe recordar que el 31 de agosto Daniel Ortega ordenó la salida del país del equipo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
La expulsión de la misión de la ONU en Nicaragua ocurrió dos días después de que el organismo emitiera un informe que responsabiliza al gobierno de Ortega de violaciones de derechos humanos ocurridas desde el pasado 18 de abril.