Tras la crítica de Trump por el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, EL NUEVO SIGLO analiza cómo se enfoca esta problemática en otras naciones

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EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el martes su informe anual sobre tráfico y producción de drogas ilícitas en el mundo. En sus observaciones destacó su preocupación, ya que “los cultivos ilícitos se han expandido en Colombia, México y Afganistán”, por lo que “estos países se están quedando atrás en la lucha para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico” de estupefacientes.

Enfocando la lucha antidrogas con una serie de medidas como la aspersión con glifosato y la eventual presentación de un proyecto que elimine la dosis mínima, el gobierno de Iván Duque busca cumplir con el llamado del presidente Trump, que, pese a mantener sus compromisos con Colombia, ha insinuado en anteriores oportunidades que podría descertificar al país.

Otras naciones también han empezado a debatir su enfoque antidroga con decisiones desde la legalización hasta medidas sancionatorias más fuertes contra los portadores de estas sustancias.

Otros enfoques

Las leyes varían de un lugar a otro. Muchos países han enfocado sus políticas en “enfoques de reducción de daños”, explicó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Otros han preferido abordar el problema desde la legalización con ejemplos como el de Portugal y Uruguay, los dos más sonados a nivel mundial.

Viroj Sumyai, presidente de la JIFE, en el informe anual de 2017, solicita “a todos los países que se aseguren que las medidas para controlar el uso de drogas cumplan plenamente con los estándares y las normas de derechos humanos, lo que representa una ‘respuesta proporcional’ a los delitos relacionados con drogas”.

Los estados interpretan una respuesta proporcional de diferentes maneras. Países como Suecia, Estados Unidos (a nivel país) y la mayoría de naciones latinoamericanas, consideran que los enfoques prohibitivos basados en leyes que sancionen el porte y consumo sirven para combatir el crimen organizado.

Hay otros estados que defienden tal enfoque, pero permiten que el consumidor tenga acceso a una dosis mínima. Colombia -uno de ellos- se parece en algo a República Checa (el país más consumidor de cannabis en Europa).

A diferencia de estos, Uruguay, Portugal y numerosos estados de Estados Unidos se han inclinado por la despenalización del consumo de marihuana para uso recreacional o medicinal. Esta medida aún es muy reciente, por lo que no existen estimaciones generales de su impacto a nivel de consumo, salvo la baja de la criminalidad en Uruguay, por ejemplo.

Un país en particular muestra una tendencia contraria: Holanda. Hito de la despenalización de la marihuana, hoy enfrenta altas tasas de criminalidad asociadas a mafias locales que buscan apropiarse del negocio.

Casos

En 1976, Holanda lanzó la “Política de Tolerancia” (gedoogbeleid) después de que el Parlamento aprobara el Acto del Opio, que introdujo la diferencia entre “drogas duras” y “blandas” (cannabis). Esta medida vino luego de que tras varios años de consumo, Amsterdam enfrentara una crisis de opioides asociada a la venta barata de heroína.

40 años después de la implementación de esta medida, los holandeses han empezado a criticarla por sus efectos adversos en seguridad y consumo. En un documento publicado por la policía de ese país, al que tuvo acceso The Guardian, se habla de Holanda como un Estado que “cumple muchas características de un narcoestado”, asentado en una “economía paralela”.

Los críticos de la “Política de Tolerancia” dicen que Holanda se ha convertido en un importante centro de tráfico de drogas, gracias a la legalización de las ‘drogas blandas’. Pese a que es ilegal, por ser considerada una ‘droga dura’, la mayoría de éxtasis que consume Europa viene del sur de Holanda, al igual que la mitad de los 5.700 millones de euros que se venden de cocaína en el continente, que entran por Rotterdam, según la Europol.

Suecia es otro país que vale la pena estudiar. Localizada en medio de las naciones nórdicas, cuya tendencia es a favor de la legalización, este país sanciona la posesión como el uso. Es el más duro en este aspecto de Europa. La ONU ha dicho que tiene la “tasa de consumo más baja del mundo occidental”, basado en políticas de prevención así como una estricta aplicación de la ley.

Calificándola como una “epidemia”, la administración Trump le ha declarado la guerra a las drogas. Más de 2 millones de estadounidense sufren algún tipo de adicción o prescripción. Asimismo, 300.000 estadounidenses han muerto por sobredosis en los últimos 17 años. Esto ha obligado al Gobierno a decretar el Estado de Emergencia de Salud Pública a nivel nacional. Hay, sin embargo, 10 estados que han legalizado la marihuana para uso recreativo, intentado enfrentar esta crisis desde la despenalización.

También existen países con criterios similares al de Colombia. Si bien no hay figuras como la “dosis mínima” y toda posesión es vista como ilegal, en República Checa (el mayor consumidor de cannabis de Europa) la sanción se trata como un “delito administrativo”, enfoque similar al de la propuesta del Gobierno nacional.

Estos casos demuestran que las políticas varían dependiendo de las realidades de cada país. Uruguay legalizó por completo la marihuana en 2013, con resultados positivos en materia de criminalidad. Aún no son claros si el consumo ha disminuido, como se esperaba.

La semana pasada, como lo publicó EL NUEVO SIGLO, fiscales de diferentes países de la región aseguraron que el enfoque prohibitivo es el usado en sus países. En Perú y Argentina, sin embargo, la utilización del cannabis medicinal ha sido aprobada.

El debate sigue abierto.