Detener a ciertas personas por motivos de salud pública o movilizar a médicos y enfermeros jubilados son algunos de los poderes extraordinarios contra el coronavirus que el gobierno británico pedirá en un proyecto de ley de emergencia que presentará al Parlamento el jueves.
Esta legislación busca ayudar al servicio público de salud a combatir el covid-19 y frenar la propagación de la epidemia.
La policía tendrá el poder de arrestar y aislar a personas para proteger la salud pública. Los trabajadores sanitarios y sociales jubilados podrán ser llamados como apoyo, mientras que los voluntarios que ayuden cuidando a los pacientes podrán "suspender" su trabajo principal por un máximo de cuatro semanas.
También se reducirá la burocracia en los hospitales para que las camas se liberen lo más rápido posible.
No todas las medidas tendrán sin embargo efecto inmediato y se limitarán a un máximo de dos años.
Según el diario The Times, el proyecto de ley se aprobará esta semana sin siquiera un voto de los diputados, ya que los partidos políticos están de acuerdo con su contenido.
Se espera que la ley entre en vigor antes del receso parlamentario previsto a finales de la próxima semana.
Un diputado laborista, Chris Bryant, criticó estas "medidas de emergencia draconianas" y pidió un escrutinio parlamentario regular durante el período de dos años.
El Reino Unido tenía el miércoles 2.626 casos confirmados y al menos 71 fallecidos por el covid-19, pero el país no realiza tests sistemáticos y el principal consejero científico del gobierno reconoció que es "razonable" pensar que unas 55.000 personas fueron infectadas.
El primer ministro Boris Johnson, que el lunes corrigió el rumbo de una estrategia criticada por laxista y pidió a todo el país que vite el "contacto social no esencial", aseguró el miércoles ante la Cámara de los Comunes, que la sanidad británica busca ahora realizar 25.000 test diarios, objetivo que espera alcanzar en cuatro semanas.
También anunció que "de forma inminente" se tomará una decisión sobre las escuelas, que siguen abiertas. Sin embargo, sin esperar, los gobiernos regionales de Escocia y Gales anunciaron el cierre de sus centros educativos a partir de esta semana.
Por otra parte, el gobierno de Johnson prometió el martes respaldar la economía "cueste lo que cueste" ante las consecuencias de la pandemia con créditos a las empresas de hasta 330.000 millones de libras y ayudas por 20.000 millones.