Mandatario chileno sigue encarando el estallido social que entró a su tercera semana con violencia en algunos sectores de la capital
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YA que las medidas sociales adoptadas no han logrado calmar las protestas sociales y crecen las voces para cambiar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet, el presidente Sebastián Piñera se mostró dispuesto a realizar dicha reforma y para ello mantendrá el diálogo con todos los partidos políticos.
Al iniciarse la tercera semana de manifestaciones en el país austral, que se registran todos los días en las tardes, los chilenos intentan volver a la normalidad pero la presión social sigue latente.
Pilera concedió una entrevista a la BBC de Londres en la que afirmó que no dimitirá pese a las masivas protestas marcadas por la violencia en las últimas jornadas, con enfrentamientos que la noche del lunes dejaron a dos policías heridas por bombas incendiarias.
Al ser consultado sobre los llamados que se escuchan en Chile para que dimita, el mandatario conservador contestó tajantemente: "No".
En otra parte de la entrevista afirmó: "Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos".
Los gritos de "¡Renuncia Piñera!" se escuchan con fuerza en las manifestaciones callejeras, una medida que no está establecida como tal en la Constitución chilena, aunque establece mecanismos de sucesión.
Si la renuncia se produce antes de que falten dos años para completar el mandato de cuatro años -cumple 24 meses en el poder el próximo mes de marzo-, el presidente es remplazado por el ministro del Interior, quien debe convocar a nuevas elecciones. Quien gane esos comicios, asume hasta que finalice el mandato original de Piñera. En caso de una renuncia a menos de dos años, es el Congreso quien debe decidir el nombre del reemplazante.
Como una opción para desactivar la crisis, Piñera también se mostró por primera vez abierto a reformar la Constitución que data de la dictadura de Pinochet (1973-1990). "Estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución", afirmó el mandatario.
Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura, en 1990, y hoy es señalada como origen de las desigualdades y la distancia del mundo político con la sociedad chilena.
Su ideólogo Jaime Guzmán, asesinado por un comando de izquierda en 1991, instauró quórum altísimos para cualquier modificación de fondo de la carta magna y estableció además una serie de "enclaves autoritarios", como senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las fuerzas armadas, un aspecto que recién en 2005 fue sacado de la carta fundamental tras un gran acuerdo político.
Piñera ha encarado el estallido social con un paquete de reformas sociales, que incluyen un aumento de un 20% en las pensiones básicas y una rebaja en las cuentas de la electricidad. Removió a ocho de sus 24 ministros, incluido su jefe de gabinete y primo Andrés Chadwick, y a su ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Pero sus medidas no han logrado acallar las protestas ciudadanas que han ganado en violencia en las últimas jornadas. El lunes, después de un extenso feriado, fueron convocadas varias manifestaciones en el centro de Santiago y otras ciudades.
En Santiago, decenas de miles de personas se concentraron delante del palacio presidencial de La Moneda y en la céntrica plaza Italia, epicentro de las más grandes protestas. En otras zonas de la ciudad se registraron fogatas incendiarias.
Por las redes sociales fue convocada para anoche una "marcha de los paraguas negros" en la plaza Italia, que estuvo fuertemente custodiada.