Los países de la Unión Europea (UE) adoptaron un compromiso, impulsado por Alemania, que condiciona el traspaso de fondos europeos al respeto de cada país al Estado de Derecho, una iniciativa que tuvo la oposición de siete países encabezados por Hungría.
El texto propuesto prevé la reducción y hasta la suspensión de las transferencias en caso en que las violaciones a los principios del Estado de Derecho en un determinado país "afecten... la buena gestión financiera" o "la protección de los intereses financieros" de la UE.
Esta propuesta fue adoptada por el Consejo Europeo, y aún deberá ser discutida en el Parlamento para que sea integrada al presupuesto 2021-2027, que aún es objeto de discusiones.
Hungría, en tanto, reaccionó airadamente. La ministra húngara de Justicia, Judit Verga, dijo que era una "forma de chantaje". Hungría y Polonia votaron contra la adopción de ese compromiso durante las negociaciones.
Por su parte, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Suecia y Bélgica también se opusieron, pero por las razones opuestas: consideraron que la propuesta alemana era una versión "edulcorada" de una versión original que preveía mecanismos de sanción más drásticos.
En tanto, Austria y Luxemburgo se abstuvieron.
En represalia, Hungría y Polonia, que son objeto de duras críticas en un informe de la UE sobre Estado de Derecho, se niegan a dar su apoyo a una autorización a la UE a asumir deuda para financiar el plan de relanzamiento económico.
Esta idea forma parte de proyecto de presupuesto que los 27 países deben aprobar y ratificar. Polonia y Hungría adelantaron que no apoyarán una iniciativa y de esa forma el veto de apenas un país bastaría para impedir en la práctica la implementación de partes del plan de reactivación económica post-pandemia.
La UE emitió duras críticas a Hungría y Polonia en su primer informe sobre estándares democráticos en el bloque, en un nuevo paso en el tensionamiento de las relaciones entre Bruselas y Budapest.
El informe sobre el "Estado de Derecho" en los 27 países miembros fue divulgado un día después de que el bloque rechazara la demanda del primer ministro húngaro, Viktor Orban, del despido de Vera Jourova alta funcionaria por críticas a su gobierno.
En su estudio, la Comisión Europea expresó su "seria preocupación" por la independencia judicial en Hungría y Polonia.
Hungría y su aliada Polonia están en abierto desacuerdo con Bruselas sobre cuestiones de democracia e inmigración, y Orban es acusado de perseguir a los medios de oposición y de forzar el cierre de universidades de propiedad extranjera.
Estándares bajo observación
Hoy Bruselas será escenario de una cumbre difícil de líderes de la UE en que el debate sobre el Estado de Derecho parece encaminado a envenenar los intentos de definir un importante paquete de recuperación económica ante la pandemia de coronavirus.
Jourova se negó a dejarse llevar por los "ataques personales" y rechazó que hubiera ofendido al pueblo húngaro pero agregó que "esto no significa que no debamos hablar, también críticamente si es necesario, sobre las acciones de los gobiernos y representantes electos".
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El informe examinó cuatro pilares principales de la democracia: sistemas de justicia, marcos anticorrupción, libertad de prensa y otros controles y equilibrios.
Las agrias disputas sobre el Estado de Derecho incluso ya envenenaron las negociaciones sobre la adopción de un presupuesto de largo plazo para la UE. Se esperaba que la cumbre que arranca el jueves en Bruselas logre pasos importantes en ese sentido.
El Consejo Europeo adoptó una normativa que vincule el volumen de ayuda a cada país con la evaluación de los informes sobre Estado de Derecho. /Redacción internacional con AFP