LA TENSIÓN sube en Cataluña después de que los independentistas adoptaran mociones parlamentarias que desafían al Estado español, a pocas semanas de la sentencia del juicio a los dirigentes separatistas encarcelados, implicados en el intento de secesión en 2017.

El gobierno español anunció que recurrirá judicialmente las mociones adoptadas en el parlamento autonómico catalán el jueves, el mismo día en que la justicia decretó el encarcelamiento preventivo de militantes independentistas acusados de preparar acciones violentas.

"Este gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque (...) a la Constitución", declaró Isabel Celaá, portavoz del gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Dejando de lado sus divisiones internas, los partidos independentistas aprobaron varias mociones parlamentarias en las que defienden la "desobediencia civil" ante el Estado español, exigen la "retirada" de la Guardia Civil de Cataluña y piden una "amnistía" para los dirigentes independentistas, en prisión preventiva desde finales de 2017.

Estas mociones resultan simbólicas, dado que un parlamento regional no dispone de las competencias para llevarlas a cabo, pero evocan algunos de los textos adoptados durante el intento de secesión en septiembre y octubre de 2017, la peor crisis política vivida en España desde el final de la dictadura franquista.

"Es evidente que ayer en el Parlament se puso en marcha el prólogo de esta estrategia de confrontación", reivindicada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, exiliado a Bélgica desde 2017 para no ser juzgado, que "va a comportar más tensión y más costes. Y que tendrá su momentum con la sentencia del Tribunal Supremo", asegura Màrius Carol, director del diario barcelonés La Vanguardia en su editorial.

La detención inesperada el lunes de militantes secesionistas radicales generó indignación entre las bases independentistas, menos movilizadas que en años anteriores.

Esta polémica operación policial se produjo pocas semanas antes de que el Tribunal Supremo anuncie la sentencia del juicio de los dirigentes independentistas.

Según el historiador Joan Esculies, "el independentismo ha llegado dividido en este momento (...), no tiene una estrategia común", fruto de las fuertes discrepancias entre los dirigentes soberanistas catalanes partidarios de dialogar con Madrid y los que apuestan por la confrontación.

"Se pueden poner de acuerdo frente a lo que llaman represión. Es muy fácil para el independismo hacer un frente común y mostrar cierta unidad", añadió Esculies.

La justicia española decidió encarcelar de forma preventiva a siete de los nueve militantes independentistas detenidos el lunes por pertenecer presuntamente "a una organización terrorista", según un comunicado de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil anunció el lunes en un comunicado haber encontrado "material y sustancias consideradas precursoras para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos".

El presidente del gobierno autonómico catalán, Quim Torra, acusó al Estado español de querer "construir un relato de violencia antes de las sentencias" del Tribunal Supremo.

El uso o no de la violencia durante la crisis de 2017 es una de las cuestiones más controvertidas en el juicio de los dirigentes independentistas, dado que la violencia es una de las condiciones indispensables, según el código penal español, para cometer un delito de rebelión. 

Además de la acusación de rebelión, que comporta penas de entre 15 y 25 años de cárcel, los dirigentes independentistas también fueron juzgados en primavera por sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos.