Tercera noche consecutiva de caos en las calles que el Mandatario catalán condenó a pedido de Madrid. PP exige al gobierno de Pedro Sánchez mano firme contra independentistas

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MEDIDAS excepcionales ante la “escalada de violencia inadmisible” en Cataluña tras la condena a dirigentes independentistas exigió al gobierno español de Pedro Sánchez el líder del conservador Partido Popular Pablo Casado, mientras en Barcelona se vivió una nueva noche de altercados callejeros entre manifestantes independentistas y la Policía, escalada ante la cual Madrid sigue atenta por si tuviera que intervenir.

Casado instó al socialista Sánchez a “aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional”, para que el Estado asuma las competencias en materia de seguridad en Cataluña, y garantizar que el presidente regional independentista, Quim Torra, “no esté en ningún momento en la cadena de mando”.

Casado habló tras haber sostenido una reunión en el palacio de gobierno con el presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de la cual salió “con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado” al Ejecutivo “frente a una escalada de violencia inadmisible”.

Sánchez, quien en días pasados evocó la posibilidad de intervenir la autonomía regional como ya hizo la derecha en 2017 tras la fallida secesión, “no descarta ningún escenario” y actuará con “firmeza” y “proporcionalidad”, según fuentes del gobierno.

Por ello, convocó ayer a los líderes de la oposición para discutir los hechos violentos registrados desde que el lunes el Tribunal Supremo condenara a nueve líderes independentistas catalanes a duras penas de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de 2017.

Casado pidió también al gobierno enviar un requerimiento a Torra, quien ha respaldado las manifestaciones, exigiéndole cumplir con “sus obligaciones constitucionales”, en lo que sería un primer paso legal para una eventual intervención de la autonomía regional, como la que ya tuvo lugar en 2017 luego de la fracasada sesión.

Además, llamó a la fiscalía a investigar a Torra y otras autoridades catalanes por “incitar al desorden público y la desobediencia” y a los Comités de Defensa de la República (CDR) y el “Tsunami Democrático”, dos colectivos que han promovido protestas, por “estragos, desórdenes y atentados contra la autoridad”.

A poco más de tres semanas para las elecciones legislativas del 10 de noviembre, Casado conminó a los socialistas a “romper cualquier acuerdo institucional” con partidos independentistas, como los que tienen para gobernar ayuntamientos en Cataluña.

Sánchez, quien según encuestas ganará los comicios pero lejos de una mayoría para formar gobierno, es acusado por la derecha de ser débil frente a los independentistas, que ayudaron a llevarlo al poder en junio de 2018.

Otra noche violenta

Entre tanto, en Barcelona se vivió una nueva noche de altercados callejeros entre manifestantes independentistas y la Policía, la tercera consecutiva, cuando jóvenes con la cara cubierta y cascos de moto levantaron barricadas a base de contenedores de basura y cartones, a los que prendieron fuego.

Como novedad, la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, indicaron que los jóvenes les lanzaron cócteles molotov y “objetos con ácido”, e incluso intentaron alcanzar con artefactos pirotécnicos un helicóptero de la policía nacional, sin éxito. Cinco coches ardieron cerca de la consejería regional de Interior.

La noche del martes, Barcelona ya vivió escenas de guerrilla urbana entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que protestan por la sentencia emitida el lunes por el Tribunal Supremo, que condenó a duras penas de cárcel a nueve dirigentes separatistas por su papel en la tentativa de secesión de 2017.

“Esto debe detenerse ahora mismo. No hay razón ni justificación alguna para quemar coches ni para ningún otro acto vandálico. La protesta debe ser pacífica y cívica”, dijo Torra, quien no desaprovechó la ocasión de alentar a la movilización tras la sentencia del Supremo: “Es normal y es bueno que protestemos contra una sentencia injusta y aberrante”.

El propio Torra participó ayer en una de las marchas que partieron de cinco puntos distintos de Cataluña, y que el viernes convergerán en Barcelona, coincidiendo con una huelga general y una multitudinaria manifestación.  

Los disturbios de anoche siguieron un patrón metódico: los jóvenes provocaron varias cargas policiales, aproximándose desafiantes a los agentes, y según retrocedían levantaban barricadas a base de contenedores de basura, a los que les prendían fuego.

32 personas precisaron atención médica en la capital catalana, según los servicios sanitarios.

Igualmente hubo “al menos una veintena de personas detenidas” en toda Cataluña, tras los 51 de la víspera, indicaron los Mossos. Cuatro de estos ingresaron en prisión sin fianza por atentado a la autoridad y desórdenes, anunciaron fuentes judiciales.

Por su parte, Sánchez no anunció ninguna medida extraordinaria ante los disturbios, tal y como le reclama la oposición de derecha, en plena campaña para las legislativas del 10 de noviembre. Eso sí, el Ministerio del Interior informó sobre el envío de refuerzos policiales a Cataluña.

¿Camino de no retorno?

Nacida de la frustración dos años después del fracasado intento de secesión que dejó a los separatistas sin rumbo claro, la violencia muestra una radicalización de una parte del movimiento independentista, que se vanagloriaba de haber sido hasta ahora pacífico.

“Se ha iniciado un camino de no retorno”, indicaron en un comunicado los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos auto-organizados con expeditivos métodos de protesta, que convocaron la manifestación de este miércoles y que en el pasado fueron respaldados por Quim Torra.

Una pintada de "Torra traidor" en Barcelona mostraba el distanciamiento entre los activistas más radicales y el gobierno catalán. Aquellos piden también la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, quien este miércoles pidió "aislar" a los violentos.

Las tensiones podrían incluso impactar el clásico entre Real Madrid y Barcelona del 26 de octubre, que La Liga de fútbol pidió que se traslade de Barcelona a Madrid ante las “circunstancias excepcionales” en la región.